Córdoba.- No hubo desacato en la orden judicial de “inmediata libertad” para Juan Alberto, recluido desde julio del 2014 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Mediana Seguridad, ubicado en La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, afirmó personal jurídico de la institución.
Se conoció, el acusado enfrenta una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar, detallada en el oficio 1467/2014, del 8 de mayo del 2014.
Personal jurídico del penal explicó, efectivamente existe la orden de inmediata libertad (sobreseimiento) al acusado, por el delito de incumplimiento de pensión alimenticia, sin embargo, no ha sido liberado porque el Juzgado de Primera Instancia dictó orden de aprehensión por dos años por el delito de violencia intrafamiliar.
DESCONOCEN CORRUPCIÓN
Sobre la supuesta dádiva que se solicitó a la familia del acusado por 20 mil pesos para dejarlo libre, la directora del penal, Cecilia Tejeda Ortega, quien asumió el cargo en diciembre del 2014, negó tener conocimiento alguno sobre intento de extorsión.
Por el contrario, detalló, el caso del ciudadano se trata de una situación conmutable, es decir, puede purgar la sentencia de dos años por violencia intrafamiliar y solicitar al Juez el pago de una multa o sanción económica para recuperar su libertad.
En este caso, dijo, corresponde sólo al Juez dictar el monto de la sanción económica y no al personal del penal, porque para la liberación de un preso se debe contar con la orden oficial, mientras no exista tal documento el acusado no podrá salir, ya que si por equivocación se libera a una persona que aún tiene un delito que pagar, se fincan responsabilidades en contra del director del penal o quien resulte responsable por evasión o incumplimiento de un deber legal.
“Todo es conforme al derecho y si el Juez lo ordena se tiene que poner en libertad, de lo contrario, no podemos retener a una persona porque se fincan responsabilidades en mi contra por evasión. La familia del acusado tiene que acercarse al Juez que dictó la segunda sentencia y ahí conocer el seguimiento del caso”, agregó.
EL PENAL con NUEVA CARA: CEDH
Por su parte, el delegado regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Antonio Guillermo Bustos Rivera, comentó que cuando una persona tiene una orden de aprehensión por otro delito ésta se debe cumplir, dejando sin oportunidad de intervención a la Comisión, porque se trata de una situación jurisdiccional que deben resolver los abogados de la persona
inculpada.
Señaló, independientemente de este caso, se realizan visitas periódicas a fin de conocer el estado de cada reo para conocer sus inquietudes, normalmente basadas en su preocupación por buscar alternativas para recuperar su libertad lo antes posible, como lo marca la Ley de ejecución de sanciones.
“Definitivamente no existe ninguna queja en cuanto hace a la estancia de los internos en el Cereso de Amatlán, estamos en contacto con custodios del Cereso que fueron capacitados en materia de derechos humanos”, indicó.
Al recordar las quejas que se presentaron y publicaron el año pasado por presuntas irregularidades, Bustos enfatizó que en ninguno de estos casos se acreditó violación a los derechos humanos.
“El penal está trabajando en buenas condiciones, la actual directora viene de otro Centro de Rehabilitación Social donde había desempeñado una labor aceptable y aquí los directivos están haciendo las mismas acciones”, asentó.
Yessica MartÌnez Arguelles
El Buen Tono
