Por Andrés Timoteo/ columnista
DOLORES DE CABEZA
El gobernador Cuitláhuac García encabezó en Córdoba la llamada Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz celebrada en el palacio municipal. Es la segunda reunión de este tipo a la que asiste en la zona Centro en una semana pues el jueves pasado estuvo en Orizaba. Ambas asambleas tuvieron como anfitriones a los alcaldes del lugar, Leticia López Landero e Igor Fidel Rojí López, respectivamente.
Hay que destacar que no es fortuita la presencia del mandatario estatal en la zona Centro pues es una de las regiones más álgidas en la crisis de inseguridad que azota al estado. La “ola” de secuestros, asesinatos, balaceras y extorsiones castiga diariamente a los habitantes de la región y ha dejado un baño de sangre.
Tan solo en las horas previas a la visita de García Jiménez un hombre fue ‘ejecutado’ cerca del parque San José de Córdoba y dos más perecieron en una balacera entre bandas del crimen organizado en Cuitláhuac, municipio vecino. Además, se han localizado cuerpos sin vida con el sello de la mafia en parajes de Río Blanco, Amatlán de los Reyes y Atoyac.
Ayer mismo, mientras se realizaba la reunión de autoridades en Córdoba fueron localizadas doce bolsas de plástico contiendo restos humanos en Maltrata, a un costado de la autopista Ciudad Mendoza-Esperanza, aunque no se había confirmado -hasta el cierre de esta columna- del número de cadáveres descuartizados en su interior. Es decir, un reguero de muertos fue el marco de la reunión sobre la seguridad.
Esto significa que a poco más de un mes del arribo de la Guardia Nacional, la incidencia delictiva no ha bajado, se mantiene como un dolor de cabeza para las autoridades y una tragedia para los lugareros. Lo que se vive a diario en la zona Centro no compagina con la declaración del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, de que ha bajado un 19.23 por ciento la comisión de ilícitos, según dijo ayer a la prensa cordobesa.
Además, del contenido de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz poco se dijo y ahí está otro flanco débil pues mientras no se informe a la ciudadanía sobre las acciones gubernamentales y, obviamente, su evaluación, se genera la percepción de desidia y nulidad en la operación de las fuerzas del orden.
De lo poco que se logró saber sobre la asamblea de ayer fueron meros anuncios a mediano plazo como la propuesta del ayuntamiento de Córdoba para la creación de un “Centro C5” que es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, una oficina donde se concentra el monitoreo y las comunicaciones de todas las corporaciones para atender emergencias de seguridad pública.
Ya hay un “Centro C4” en Fortín de las Flores, pero al parecer sus tareas se trasladarán para el futuro “Centro C5” que estará en territorio cordobés. Lo mismo se habló de un predio para construir los albergues de la Guardia Nacional y la instalación inicial de 50 cámaras de videovigilancia en el municipio, y nada más. Igual pasó con lo tratado en la mesa en Orizaba de la semana anterior, escasa información a la opinión pública.
No hay reportes concentrados de los delitos, no hay información sobre las acciones, sobre las detenciones de personas y disolución de bandas delictivas, sobre los procesos judiciales abiertos, sobre números concretos de agentes policíacos designados ni los fondos presupuestales y por supuesto tampoco el balance de todo eso para que el público lo conozca. Los datos que salen son a cuentagotas y casi sacados con tirabuzón a los funcionarios. Entonces, mientras la información no fluya, la especulación tendrá lugar.
De Córdoba, el gobernador García Jiménez se trasladó a la sierra de Zongolica, concretamente a la comunidad Tlanecpaquila, cuyos habitantes se manifestaron en la pasada gira presidencial para pedir la intervención de las autoridades en la disputa de un predio entre los lugareños y un particular y cuyo litigio mantiene tensados los ánimos. También estuvo en Tequila dando el inicio del programa “Aprendo a Leer y Escribir, Alfabetización para el Bienestar”.
Claro, son asuntos que se deben atender, pero el urgente continua sin solucionarse. Es el caso de Mixtla de Altamirano que está punto de ebullición porque hay Concejo Municipal repudiado por la población y la tranquilidad pende de un hilo. No son pocos los que alertan sobre una levantisca ciudadana contra los concejales a golpe de piedra y machete. Ahí está otro dolor de cabeza producto de la mescolanza del crimen y la política.
¿CHIVOS DE EXPIACIÓN?
Se llamaba Lucio Enrique Peña Martínez el taxista que murió en la cárcel municipal de Huatusco donde fue apaleado por los policías que le provocaron traumatismo craneoencefálico y una hemorragia cerebral. Tenía 32 años, lo apodaban “Kiki” y dejó dos niños en la orfandad. El martes lo sepultaron, pero antes fue paseado por las calles centrales de la ciudad tras la misa que se realizó en el templo San Antonio de Padua.
Frente a palacio municipal, los deudos y compañeros de Peña exigieron a la alcaldesa priista-pro-morenista, Balducina Tejeda dejar de proteger al comandante de la policía municipal, Manuel Chacón López. Dos agentes ya fueron detenidos, pero no su jefe. Un texto circula en redes sociales en el que se acusa a la edil y a su esposo, el exdiputado Miguel Ángel Sedas, de buscar “chivos expiatorios” para proteger a Chacón López.
El escrito dice: “Señora presidenta Baldi (de Balducina) y señor Miguel Sedas, creen que es justo que paguen justos por pecadores porque están obligando a estos dos policías diciéndoles que se echen la culpa del asesinato del taxista, diciéndoles que después les van a echar la mano para sacarlos del problema para librar al señor Manuel Chacón director de la policía, sabiendo que él es responsable.
No podemos permitir que esto suceda, el pueblo exige justicia y le pide a Miguel Sedas que saque las manos y entregue al director (de la policía) ante la justicia, se lo pedimos y se lo exigimos todo el gremio de taxistas, el sector empresarial y el pueblo en general. Unidos por un Huatusco con estado de derecho. Nadie por encima de la Ley”.
La versión es que los dos detenidos fueron los que estaban de guardia la tarde en la que llegó el personal de la Fiscalía, que no son los verdaderos responsables y que el comandante Chacón estuvo al tanto de la detención y la golpiza del taxista. Es más, se afirma que él mismo comandante participó en tunda que le provocó la muerte. ¿Qué tanto le debe la alcaldesa al jefe policíaco? Dicen que hay cosas malolientes en el fondo de esa protección malsana que le brindan al jefe policíaco.
El matrimonio Sedas Tejeda es una verdadera calamidad para los huatusqueños. Son una pareja que gobierna a base de enjuagues ilegales y oscuridades sin importar que haya vidas de por medio. Vaya, hasta recuerdan a los Abarca de Iguala, Guerrero -José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda- y, por supuesto, a los Ramírez Valdés de Paso de Ovejas -Adolfo Ramírez y Ana Rosa Valdés-, ahijados del innombrable, por sus pillerías cometidas desde el poder municipal.
La población en Huatusco está enardecida, por eso la alcaldesa mandó a cerrar desde el miércoles todos los accesos del palacio municipal y colocar costales llenos de arena en rejas y puertas para reforzarlas. Doña Balducina Tejeda y su nefasto marido, Miguel Ángel Sedas, quien es el que realmente gobierna, se atrincheraron a piedra y lodo porque le temen a la Fuente Ovejuna.
CUOTA IGUALITARIA
Nuevamente el Instituto Tecnológico de Orizaba es noticia. Sus instalaciones fueron tomadas a mediados de la semana por integrantes del Comité Estudiantil de la Sociedad de Alumnos (CESA) que exigen una cuota de inscripción igualitaria de 800 pesos y no los 2 mil 800 que fijó para alumnos de nuevo ingreso y mil 150 pesos para las reinscripciones del resto de la población estudiantil.
Los estudiantes acusan que hijos, sobrinos, nietos, parientes y recomendados del director Rigoberto Reyes Valenzuela, así como de los subdirectores, catedráticos y demás burocracia del ITO pagan la ridícula cantidad de 10 pesos – ¡sí, así como se lee: diez pesos! – para acceder a la matricula, lo que significa que a estos vivillos son subsidiados por el resto de los jóvenes que si pagan una matrícula elevada.
Claro, el plantón y bloqueo del edificio solo duró unas horas porque fue recuperado al puro estilo gansteril por un grupo de golpeadores liderados por el subdirector de Servicios Administrativo del mismo, Rubén Rodríguez Juárez, que a la fuerza rompieron cadenas y candados, y repartieron golpes y amenazas contra los manifestantes.
No obstante la reapertura del inmueble, el conflicto sigue inacabado. Se exige cuota igualitaria para la inscripción y reinscripción, aunque eso solo es parte de un problema de fondo que tiene que ver con el manejo -y por supuesto el robo- de la bolsa de más de 20 millones de pesos que la institución recauda por varios conceptos cada año, adicional al presupuesto que es asignado por la federación.
Es un asunto de dinero, pues. Un jugoso negocio que el director del ITO, Reyes Valenzuela junto con los subdirectores Rubén Rodríguez y Jesús Alberto Cilias Hernández -señalados hasta la coronilla de corrupción-, no piensan dejar y lo defienden con uñas y dientes, así sea pasando sobre los alumnos usando grupos de choque para apalearlos.
