Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Región.- A pesar de que los Programas Internos de Protección Civil (PIPC), son un instrumento de planeación obligatorio para los ayuntamientos, la flojera de varios gobiernos municipales relegó su implementación, poniendo en riesgo a empleados y población en general ante emergencias o desastres.
En un contexto marcado por la temporada de lluvias y el cierre de las administraciones municipales 2022-2025, una serie de respuestas obtenidas mediante solicitudes de transparencia revelan omisiones, lo que también es corrupción, opacidad y holgazanería de distintos ayuntamientos veracruzanos en el cumplimiento de sus obligaciones.
Aunque el marco legal es claro, los municipios muestran graves inconsistencias.
En Calcahualco, la autoridad respondió brevemente que: “No hay empresas, negocios de bajo o medio riesgo, por lo tanto, nunca se les pidió el PIPC”.
Esta declaración ignora la obligatoriedad del programa.
En Coscomatepec, la autoridad se limitó a acusar recibo de la solicitud y a turnarla a su área de Protección Civil, sin aportar información concreta.
En Huatusco, aunque se proporcionó un listado de 32 empresas con PIPC reciente, se reconoció que dos grandes corporativos están “en espera” de actualizar sus programas.
Corrupción
El caso más revelador es el de Fortín, donde, de 128 programas en trámite de actualización, únicamente 115 han sido renovados. Es decir, 13 empresas, cuyos nombres no fueron revelados, carecen de un programa vigente, y otras 13 están “en proceso de espera”.
