Agencias
Veracruz.– Documentos de inteligencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), filtrados por Guacamaya Leaks y citados por medios nacionales, señalan que en 2021 operó en Las Choapas un campo de entrenamiento presentado como escuela de tiro deportivo y defensa personal que, en realidad, habría servido para adiestrar a integrantes del crimen organizado. Según las transcripciones a las que tuvo acceso la prensa, el presunto operador del predio, Luis Aarón Morales Gómez, alias “Capitán”, aseguró en llamadas intervenidas haber entregado 1.5 millones de pesos al entonces gobernador Cuitláhuac García para obtener permisos de operación.
El expediente, del que forman parte informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), describe un complejo de 47 hectáreas donde se impartían cursos con armamento de alto poder y participación de exmiembros de fuerzas especiales, civiles adiestradores y presuntos mercenarios; incluso, los informes apuntan a recursos procedentes del extranjero para financiar las actividades. Estas acusaciones, surgidas a partir de comunicaciones telefónicas intervenidas, plantean preguntas graves sobre la posible tolerancia o complicidad de autoridades en la operación de instalaciones que habrían beneficiado a redes criminales.
Los documentos filtrados y las crónicas periodísticas también detallan que la empresa Get Off The X, vinculada a Morales Gómez, ofrecía entrenamientos con rifles semiautomáticos y promoción de cursos en varias regiones, información que alimenta la alarma sobre la persistencia de redes de adiestramiento incluso después de que se detectaron estas señales de alerta en 2021. La difusión de estos hallazgos por periodistas como Anabel Hernández y por medios que consultaron los informes ha desatado un debate público sobre rendición de cuentas y transparencia en la región.
Ante estas revelaciones, y aunque se trate de documentos filtrados que requieren verificación oficial, resulta ineludible exigir claridad: la ciudadanía y las instituciones merecen conocer si existió algún pago, qué autoridades autorizaron los permisos y por qué no se actuó a tiempo para desmantelar un supuesto centro de adiestramiento que, de confirmarse, habría contribuido al fortalecimiento de células del crimen organizado en la entidad.
Expertos en seguridad consultados por la prensa advierten que la coexistencia de exmilitares, armamento exclusivo y financiación externa en espacios privados de adiestramiento representa un riesgo estratégico para la estabilidad regional, y que la investigación debe profundizarse para identificar cadenas de responsabilidad política y administrativa. Mientras tanto, la supervivencia en el debate público de la empresa Get Off The X y la circulación de testimonios y transcripciones elevan la presión sobre instancias federales.
Este caso revive además el costo político y social de la opacidad: si las acusaciones se confirman, no solo habría implicaciones jurídicas para los señalados, sino también un daño enorme al tejido social de comunidades afectadas por la violencia. Por ahora, las autoridades competentes deben hacer públicas las investigaciones, garantizar la protección de testigos y esclarecer si hubo negligencia, omisión o complicidad en la autorización y operación del campo de tiro.
La filtración —parte de un conjunto mayor de documentos— obliga a abrir investigaciones independientes y a que los poderes responsables rindan cuentas ante la sociedad.
