Laura A. García
El Buen Tono
Coetzala.- El nombre del alcalde, Alejandro García Hernández, quedó por segunda ocasión inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, permanecerá ahí los próximos seis años, es decir, hasta 2032.
La sanción deriva de la denuncia TEV-PES-25/2025, la más reciente en su contra, sumándose a la TEV-JDC-7/2025, ambas por actos dirigidos a obstaculizar y desprestigiar el cargo de la síndica municipal, Clementina Yolanda Coyohua Zepahua.
Las resoluciones señalan que García Hernández ejerció conductas de negar información municipal a la autoridad de Coyohua Zepahua, en un intento por invalidar su función pública mediante acciones discriminatorias y de hostigamiento.
Este patrón viola los derechos políticos de la síndica y refleja un abuso de poder basado en género, común en estructuras políticas donde las mujeres son relegadas.
Aunque la inclusión en el registro es un paso relevante, el primero no generó un cambio en el comportamiento de García Hernández, por lo que ahora asume una nueva sanción, por lo que los ciudadanos señalan que la medida parece simbólica, sin garantizar reparación para la síndica ni cambios estructurales.
Coetzala es un ejemplo más de cómo la violencia política de género sigue impune en México, pese a leyes y protocolos.
La sanción a García Hernández debería ser un llamado a fiscalizar a funcionarios que usan su poder para silenciar mujeres, pero sin remoción del cargo, el mensaje es ambiguo, se condena, pero no se detiene.
Mientras tanto, Clementina Coyohua Zepahua y otras mujeres en cargos públicos siguen enfrentando un sistema que las obliga a luchar contra sus colegas para ejercer sus derechos.
