Por Jorge Fernández Menéndez/ columnista

Son innumerables las conjeturas que se han realizado en torno al caso García Luna, sobre todo después de que ayer se diera a conociera que su defensa presentó una solicitud para comenzar una negociación con la fiscalía. Más allá de lo que se puede intuir o suponer, creo que hay que comenzar por las certidumbres.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que al momento de la detención no tenían conocimiento del caso. Le creo. El Gobierno Federal ha actuado con incertidumbre y depende de la información que llega de Estados Unidos y no parece tener mucha más que la tenemos los medios.

Entonces, es un caso armado y ejecutado por el departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aparentemente no han intervenido las agencias con las que García Luna trabajaba, como la DEA, la CIA o el FBI. El punto es central porque el exsecretario de seguridad pública fue formado por esas agencias de seguridad: tuvo cursos y capacitación con la CIA, la DEA y el FBI. Mantuvo, durante sus años como funcionario público, estrechas relaciones con el comando Norte y el Sur de la Defensa estadunidense, con el Mossad y con los organismos de inteligencia de Japón, donde vivió, durante los meses que estuvo en ese País, en la casa del jefe del mismo.

Durante sus años de servicio, primero en el CISEN, durante el Gobierno de Ernesto Zedillo, luego en la AFI, durante el de Fox, y más tarde en la Secretaría de Seguridad Pública, con Calderón, esas relaciones se estrecharon todavía más. García Luna llegó a tener la autorización de seguridad para acceder a información de Estados Unidos, más alta que cualquier otro mexicano, junto con un alto mando de la Marina. Para nadie era un secreto.

Durante tres sexenios tuvo acceso a una enorme cantidad de información de seguridad y de la vida política del país. Instrumentos como Plataforma México eran poderosísimos en ese sentido. La consecuencia fue que el principal interlocutor con Estados Unidos durante el gobierno de Calderón, pero también durante el último tramo del de Fox, fue el propio García Luna.

Cuando acabó el sexenio estableció una agencia de seguridad en Miami. Sus socios eran un exjefe antiterrorismo de Estados Unidos, responsable del operativo que acabó con la vida de Osama bin Laden, y un reconocido exjefe de seguridad de Colombia. Aquella agencia trabajó para la DEA, para la OEA, para Harvard y para innumerables empresas muy importantes de Estados Unidos y México, además de gobiernos centroamericanos. García Luna obtuvo autorización de la seguridad estadunidense para adquirir los derechos de sistemas muy sofisticados que instaló en México. Con esa infraestructura siguió trabajando para empresas particulares, para agencias de Gobierno e incluso para dependencias (esos son los contratos que la UIF califica como transferencias).

No es creíble que la detención se haya derivado de la declaración del Rey Zambada. Estamos ante una operación de otras características.

A partir de que se presenta la solicitud de negociación por parte de la defensa (por cierto, el despacho que defiende al exsecretario de seguridad, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, es donde trabajaba el actual embajador, Christopher Landau) se abre otra perspectiva. Para negociar con las autoridades estadunidenses, García Luna tiene, efectivamente, que declararse culpable de por lo menos uno de los cuatro delitos de los que se le acusa. Tres son gravísimos: narcotráfico y conspiración con narcotraficantes, el cuarto es haber mentido cuando hizo su solicitud de naturalización, respecto a la pregunta de si había tenido tratos o relación con personajes del crimen organizado, un delito menor.

No es descabellado pensar que pueda asumir esa cuarta responsabilidad, explicable además, por los cargos que tuvo, y a partir de un acuerdo colaborar con las autoridades estadunidenses para no ir a juicio, un proceso que tampoco querrán las agencias de ese País.

Hay demasiados secretos en juego. El depositario de esa información, en este caso el Gobierno estadunidense, tendría un instrumento formidable para hacer presión sobre México, prácticamente en todos los ámbitos.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer, y tiene razón, que el caso García Luna es tan importante como el caso Odebrecht. El caso Odebrecht llevó a la cárcel a Lula da Silva y a su rival, Michel Temer. Antes de eso provocó la renuncia de Dilma Rousseff y terminó con más de la mitad del Congreso procesado, cuya consecuencia fue una crisis generalizada en el País, que llevó a la presidencia a un personaje de extrema derecha, Jair Bolsonaro.

Provocó, pues, caídas de presidentes, el suicidio de Alan García y escándalos de todo tipo. Y fue manejado desde Washington, desde el momento en que Marcelo Odebrecht se declaró culpable y negoció un acuerdo con las autoridades de ese País. En Palacio Nacional deberían estar muy preocupados.