AGENCIA
Nacional.- El 8 de marzo de 2024, el buque petrolero Torm Agnes atracó en el puerto de Ensenada, Baja California, con una carga de casi 120 mil barriles de diésel. Su llegada resultó inusual: el recinto portuario está diseñado para recibir cruceros, yates y contenedores, no combustibles inflamables, y carece de la infraestructura necesaria para manejarlos con seguridad.
A pesar de ello, camiones cisterna se alinearon durante la noche en el muelle para recibir el producto. Testigos y registros obtenidos por Reuters revelaron que los trabajadores trasvasaron el diésel directamente del barco, utilizando mangueras improvisadas y operando sin las medidas de seguridad requeridas.
Las investigaciones posteriores confirmaron que la operación fue organizada por una red de contrabando ligada a grupos criminales, en coordinación con una empresa estadounidense que compró el combustible en Canadá y lo declaró falsamente como lubricante para evadir impuestos.
Una red entre Houston y el tráfico de combustibles
De acuerdo con la indagatoria, la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, Texas, desempeñó un papel central en el esquema: adquirió el diésel en Canadá, lo registró como lubricante y contrató el buque Torm Agnes para entregarlo a una compañía mexicana identificada por autoridades de seguridad como una fachada de una red de contrabando.
Ni Ikon Midstream ni su director ejecutivo, Rhett Kenagy, respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que la compañía danesa Torm —propietaria del buque— aseguró haber roto vínculos con Ikon tras conocer el destino real de la carga.
Fuentes de seguridad de México y Estados Unidos señalaron que los grupos criminales han diversificado sus operaciones ilícitas, y el contrabando de combustibles se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingresos, con un volumen estimado en más de 20 mil millones de dólares anuales.
Un negocio multimillonario y una red de corrupción
El esquema se sostiene gracias a la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava la importación de combustibles. Los contrabandistas declaran los cargamentos como lubricantes o aditivos, exentos de ese impuesto, reduciendo hasta la mitad el costo del producto.
Autoridades federales estiman que hasta un tercio del mercado nacional de combustibles podría estar cubierto por importaciones ilegales, lo que representa pérdidas fiscales que oscilan entre 4 mil y 10 mil millones de dólares cada año.
Las investigaciones también apuntan a corrupción dentro de puertos y aduanas, donde funcionarios habrían permitido el ingreso de cargamentos falsamente documentados. La Secretaría de Marina, a cargo de la administración portuaria, inició una investigación interna tras la difusión del caso.
El poder del contrabando y su expansión
El tráfico de combustibles ha crecido de manera sostenida en México, consolidándose como un negocio altamente rentable. Su red se extiende desde Tamaulipas hasta Jalisco y emplea camiones, trenes y buques para mover diésel y crudo entre ambos lados de la frontera.
En los últimos años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a decenas de empresas mexicanas vinculadas con este tipo de operaciones.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no habrá protección para los implicados y ha intensificado las incautaciones de combustible ilegal. Sin embargo, el problema persiste: En el último año se decomisaron más de 500 mil barriles, una cifra que apenas representa una fracción del volumen real del comercio ilícito.
Impacto en Pemex y el mercado energético
El contrabando afecta directamente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a las grandes petroleras internacionales, que no pueden competir con los precios reducidos del combustible ilegal. En 2024, la multinacional Shell anunció la venta de su negocio minorista en México, argumentando entre otras razones la competencia desleal del “combustible narco”.
El auge del tráfico de hidrocarburos también ha incrementado la violencia. En agosto de 2025, el fiscal de Tamaulipas, Ernesto Vázquez, fue asesinado tras liderar decomisos de combustible en Reynosa, lo que evidenció el alcance de las redes criminales implicadas.
Un desafío binacional en expansión
El caso del Torm Agnes expone cómo las organizaciones delictivas han logrado infiltrarse en la cadena energética de Norteamérica, aprovechando vacíos legales, corrupción institucional y complicidad empresarial. El contrabando de combustibles se ha convertido así en un negocio binacional que combina crimen organizado, evasión fiscal y negligencia corporativa, consolidándose como uno de los desafíos más graves para la seguridad energética y económica de México.
