DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
REGIÓN.- Aunque el nombre de Luis Abella Alvarado, identificado como “el primer damo” de #EL ALCAHUETE Manuel Alonso Cerezo, circula como responsable del relanzamiento del ingenio, hasta ahora no se ha transparentado quién aportará el capital privado, quién tendrá el control efectivo del fideicomiso ni cuáles serán las condiciones bajo las que se entregó la operación, ni los personajes políticos que han intervenido en las gestiones para rescatarlo, particularmente a Juan Javier Gómez Cazarín, conocido como «El Carón», actual delegado de los Programas para el BIENESTAR en Veracruz, quien durante su paso por la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local acumuló diversos señalamientos relacionados con el manejo de contratos, proveedores y recursos públicos.
Uno de esos antecedentes se remonta a 2021, cuando investigaciones periodísticas documentaron un gasto de aproximadamente 31 millones de pesos en publicidad del Congreso durante 18 meses. Los señalamientos incluyeron convenios con medios de comunicación presuntamente fachada, pagos a sobreprecio y falta de transparencia en la contratación de servicios. Posteriormente, el propio Congreso dejó de actualizar durante varios meses la información pública relacionada con esos contratos. En septiembre de 2023 surgieron nuevas acusaciones sobre una presunta red de despachos contables vinculados con asistentes legislativos, que supuestamente intervenían en revisiones financieras de ayuntamientos y del Poder Judicial. Las publicaciones señalaron posibles conflictos de interés y la utilización de esas estructuras para intervenir en procesos de fiscalización.
Otro caso que requiere revisión es el de AKEI Digital, empresa señalada en investigaciones periodísticas por sus vínculos con la familia Gómez Cazarín y por obtener contratos relacionados con servicios de difusión y monitoreo de medios. En enero de 2025 se publicó información sobre un contrato del OPLE Veracruz por aproximadamente 18 millones de pesos para el “monitoreo de medios” durante el proceso electoral, así como señalamientos sobre la experiencia de la empresa y el procedimiento de contratación.
A estos antecedentes se sumaron las observaciones expuestas en diciembre de 2024 cos siete millones en “limpieza”.
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