La legitimación y utilización de las autodefensas en Michoacán no es la ruta correcta para la pacificación en el largo plazo. Armar, por acción o tolerancia, a unos ciudadanos para enfrentar a otros fue la apuesta de la paramilitarización durante las décadas de los 60 y 70 frente a la guerrilla “ideológica” en buena parte del continente, incluido México, y el gran drama humanitario que vivió Colombia a partir de 1994 cuando, para enfrentar a las FARC, surgieron las “Autodefensas Unidas de Colombia” como una federación de expresiones comunales que, según sus estatutos, no sólo pretendía convertirse en un ejército que cubriera el país, sino como “una fuerza política que represente y defienda derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado”. Un Estado paralelo, legitimado no a través de procesos políticos, ni sujeto al imperio de la ley, sino en la reivindicación justiciera de la venganza por propia mano. Autodefensas que, en algunos casos, derivaron en pequeñas células dedicadas al secuestro y al narcoterrorismo, según reconocía hace unos años el entonces presidente Álvaro Uribe. Estado fallido suplido por millares de hombres en la clandestinidad, armados y encapuchados con un supuesto derecho natural a aplicar su ley.
El acuerdo suscrito por el comisionado federal con las autodefensas michoacanas está muy lejos de los estándares mínimos exigidos internacionalmente para procesos de pacificación. No es, ni de lejos, un paso consistente hacia la desmovilización de los grupos armados irregulares en Michoacán. Varias razones.
En primer lugar, el acuerdo reconoce expresamente su derecho a organizarse de forma armada para la “protección de sus comunidades” y, en consecuencia, les autoriza a mantenerse en esa condición, previa identificación y registro de las armas. No hay, pues, exigencia o intención explícita de desarme. Al contrario, de los puntos convenidos con las autodefensas se entiende que seguirán actuando, pero ahora bajo el control de la autoridad federal. Lo que esto signifique.
En segundo lugar, se les “institucionaliza” equiparándolas a los cuerpos de defensa rurales, una figura ciertamente prevista en nuestra normatividad como una secuela de la revolución y la lucha agrarista, más que con una lógica funcional, pero en la que definitivamente las autodefensas no caben. Dice el reglamento vigente que los cuerpos de defensa rurales son unidades constituidas por ejidatarios organizados, equipados y adiestrados, que cooperan con el Ejército en la defensa de la integridad e independencia de la patria, en la conservación del orden y seguridad en el campo, en el cuidado de la riqueza nacional y en las operaciones de auxilio en casos de desastre o emergencias que afecten la Nación. La toma de Apatzingán con armas de alto poder no encuadra en estos supuestos. Por otro lado, para ingresar a estas unidades se requiere cumplir ciertos requisitos: ser ejidatario, no tener antecedentes penales ni policiacos, no ser propietario de negocios ilícitos o prohibidos y haber sido elegido por mayoría de votos en asamblea celebrada en comunidad ejidal. ¿Se verificaron estos requisitos antes de otorgarles esta cobertura legal a las autodefensas? Todo parece indicar que no. El instructivo prevé que las unidades de defensa rurales están bajo el mando del Presidente de la República, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Los operativos en los que participan las autodefensas están ordenados directamente por el comando supremo o las autodefensas se “mandan solas”? Al tratarse de unidades castrenses se someten a las normas disciplinarias estipuladas en los ordenamientos militares. Esto significa que las autodefensas, como consecuencia del acuerdo, están sujetas al fuero militar, es decir, sus conductas, salvo que la víctima sea un civil, deben perseguirse y sancionarse por la jurisdicción castrense. ¿A esa lógica institucional se pretende insertar a las autodefensas? ¿Y los derechos humanos?
En tercer lugar, el acuerdo no prevé ninguna solución relacionada a la responsabilidad penal de los grupos irregulares por los posibles delitos cometidos. Si bien en los procesos de desmovilización se conceden ciertos beneficios para retomar la vida civil, es igualmente cierto que dichos beneficios están condicionados a exigencias mínimas de justicia restaurativa: confesión expresa de delitos, reparación del daño, solicitud pública de perdón, etcétera. ¿Las autodefensas serán indultadas o amnistiadas por los delitos cometidos, desde la portación de armas hasta el allanamiento de morada o la retención ilegal de personas y bienes? ¿Se ejercitará un criterio de oportunidad a cambio de colaboración? ¿Serán sometidos a la justicia bajo condiciones atenuadas? Nadie sabe.
La estrategia del comisionado federal es, al parecer, la pacificación que no es desarme, que no desmoviliza hacia al futuro, que reinserta por la puerta de atrás y que no procura la restauración de los derechos de las víctimas directas o indirectas. Peor aún: la estrategia es otorgarles una patente de corso para suplir al Estado y contener más fácilmente a organizaciones criminales que operan en la entidad. Las autodefensas organizan y ejecutan operativos, realizan cateos, reportan detenciones, con las fuerzas federales en la retaguardia. Por supuesto que la colaboración de los ciudadanos en términos de denuncia e información es un valor estratégico. Pero eso no es lo que están haciendo las autodefensas en Michoacán. No son guías, informantes, centinelas. Son efectivos armados que realizan actividades reservadas al Estado según la ley. Es la paramilitarización de Michoacán: civiles armados para enfrentar a otros. Es el error de Castillo.
