Ciudad de México, 25 de febrero.– Los casos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos en México llevaron al país al límite, coincidieron académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales. Señalaron la necesidad de que se establezca una especie de comisión internacional para investigar y resolver los miles de casos de desapariciones forzadas, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales y casos de muertos durante la guerra contra el narco, tal y como ya sucedió en países como Guatemala, Colombia, Perú y Argentina.
Al comentar el Informe 2014 de Amnistía Internacional (AI), divulgado ayer, destacaron que el gobierno mexicano sólo actúa cuando se le somete a la “vergüenza pública” con casos como el de Ayotzinapa, que ha llegado a las más altas esferas internacionales.
En su Informe 2014, que será presentado oficialmente en México el viernes, AI afirmó que en el país las desapariciones forzadas siguen siendo la norma, y un caso que lo evidencia es el de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi cinco meses.
“Al final del día, el gobierno mexicano sólo actúa cuando se le somete a la vergüenza pública. Debería empezar a promover cosas más serías en lugar de maquillar unas para desatar otras”, consideró Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, al opinar sobre los resultados del informe.
“El informe [de AI] es tan bueno que se queda corto”, expresó el académico, quien agregó que México necesita empezar de cero y desaparecer el aparato de seguridad para terminar con lastres como la impunidad y la violación sistemática a los derechos humanos.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), conformada por 74 grupos de 22 estados de la República Mexicana, consideró que “la violencia criminal continúa amparada por el Estado”, lo que evidencia que en el país no se va a resolver ninguna de las denuncias que se han llevado ante foros internacionales, como es el caso no sólo de Ayotzinapa sino de los feminicidios.
“La política de México es tener una imagen pulcra en el extranjero y es su mensaje que también se ve en el extranjero como si fuera algo confiable, pero vemos que en México, a pesar de ese discurso de pulcritud, hay resistencias para aceptar lo que pasa, vemos como a los padres [de los 43] se les ha negado la información previa adecuada, como el equipo argentino de antropología forense fue criminalizado por la Procuraduría General de la República (PGR) y como el gobierno no ha aceptado las recomendaciones de parte del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas”, dijo.
Para José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lo que organismos internacionales están describiendo sobre México es preocupantes y organismos como Amnistía Internacional “se sorprenden de que a pesar de que ya van varios años que se han reportado estos abusos, reformas a la justicia etcétera, la impunidad sigue reinando: casos como los de mujeres de Ciudad Juárez se suman a otros casos de feminicidios, pues el sistema de alerta de género no funciona, la tortura aumentó en los últimos años y recientemente la ONU se refirió a la desaparición forzada como una práctica generalizada”.
“Lo que pasa en México es dantesco. No es creíble, lo que estamos viviendo en materia de desaparecidos y muertos, agregó.
Guevara Bermúdez y el académico de la Universidad Iberoamericana coincidieron en la necesidad de que las autoridades mexicanas busquen ayuda en organismos internacionales que ayuden a solucionar la crisis por la que atraviesa el país en materia de respeto a las garantías individuales.
“Tienen que reconocer la gravedad de la crisis, que ofrezcan cifras reales en las que se dé atención a las víctimas y que se investigue el proceso y castigue a los responsables. No estamos nada cerca para entender la crisis de derechos humanos por la que estamos pasando”, expresó Guevara.
Destacó la necesidad de crear en México una Comisión Internacional como la que llevó a juicio el dictador guatemalteco Efraín Ríos Mont, acusado de genocidio. En este caso, expertos de organismos extranjeros ayudaron a la Fiscalía a “romper las cadenas de la impunidad”. Lo mismo sucedió en Colombia con el caso de las ejecuciones de grupos paramilitares, así como en Perú y con los muertos y desaparecidos durante la dictadura argentina.
Informes como el de Amnistía Internacional, añadió, deben llamar la atención del gobierno para que “se vean funcionarios que cometen violaciones a los derechos humanos, que sean investigados. En México se vive la impunidad perfecta”.
Los gobernadores de entidades como Baja California Norte, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, y Chiapas, dijo, deben entender que “no pueden seguir haciendo las cosas de la manera tradicional, que se debe transitar hacia un Estado de Derecho, que entienda que pueden pedir ayuda al extranjero”.
Mientras que el académico afirmó que en México se insiste en un discurso y “no se mira en el extranjero otras experiencias en el tema en el que la seguridad ciudadana estaba vinculada a otros procesos como desarrollo y educación; si no se juntan esos dos se seguirá teniendo a la seguridad atada al aparato policiaco”.
Desde su perspectiva, en materia de impartición de justicia y respeto a los derechos humanos es necesario empezar de cero, lo que implica desaparecer buena parte del aparato de seguridad, hacer reformas constitucionales de gran calado en las que se puedan establecer los mecanismos de control y transparencia donde haya dos mecanismos de control: la sociedad civil y los organismos internacionales. “Que ese cambio no sea sólo cambio de siglas o de nombre. Que haya varios controles ciudadanos y haya una apertura a todo el proceso de búsqueda de desaparecido, impartición de justicia y procesamiento de inculpados”, agregó.
