EL FONDO OSCURO

Poco a poco se van develando las razones escalofriantes que provocaron la “desaparición” de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. El fin de semana se hizo público el informe elaborado por  el Grupo Interdisciplinario de Expertos  Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  que durante varios meses levantó peritajes en Guerrero y declaró como falsa la versión de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre la muerte e incineración de los normalistas en el basurero municipal de Cocula, donde también habrían arrojado las cenizas a un río del lugar.

 

 Así se cae la famosa “verdad histórica” que pregonaba el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam y queda en entredicho no solo la institución sino el Gobierno entero de Enrique Peña Nieto. El grupo de expertos del GIEI emitió 20 recomendaciones al Gobierno mexicano, entre las cuales está continuar buscando a los estudiantes pues no se tiene certeza si están vivos o muertos. Sin embargo, el trasfondo del caso  que cumplirá un año el próximo 26 de septiembre es más oscuro porque lleva a confirmar que México funciona como  una “narcodicatura”. El termino no es algo nuevo porque ya lo habían denunciado varios intelectuales e investigadores del fenómeno de la filtración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales.

 

 El filósofo y escritor Raúl Prada Alcoreza señalaba en noviembre pasado que lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa mostró al mundo “la existencia de un narco-estado” y que la sociedad mexicana “ha quedado como rehén de los carteles que son apoyados por el “Estado asesino”. Eso se evidencia en el reporte de la CIDH que expone que efectivos de la Policía Ministerial dependiente del Gobierno estatal, agentes federales y elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), supieron de la intercepción de los camiones donde viajaban los estudiantes con rumbo a Iguala.

 

 Policía y militares estuvieron al tanto de la agresión y secuestro de los estudiantes por agentes policiacos de los municipios de  Iguala y Cocula y no  hicieron nada por defenderlos y rescatarlos, al contrario, habrían colaborado para entregarlos a las células del crimen organizado. ¿Por qué lo hicieron?. Eso se debe indagar y se debe castigar pero las versiones son horrorosas. Una, que ya circula desde hace tiempo, es que uno de los camiones en los que viajaban los estudiantes tenía oculto un cargamento de 35 kilogramos de goma de opio que iba a ser trasladado a la frontera norte.

 

 Los  estudiantes “tomaron” el autobús, amagaron al chofer y usaron la unidad sin saber que estaban interrumpiendo una operación del narcotráfico con un valor de 300 mil dólares. Ese habría sido el motivo porque fueron interceptados y desaparecidos, los castigó el cartel de la droga –con ayuda de policías y soldados- por obstruir una operación de trasiego de droga. ¿Qué quiere decir lo anterior?. Que todos, los tres niveles de la policía y los militares, estaban de acuerdo en recuperar y proteger el cargamento de estupefaciente. Que todos ellos se coordinaron para actuar a favor del cartel delictivo y que todos se sumaron al escarmiento contra los normalistas.

 

 La otra versión que cobra fuerza y que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa ya lo han señalado desde hace meses, es que si habría sido  en los crematorios de los cuarteles militares donde se pudo haber incinerado los cuerpos de los 43 estudiantes. Por eso la Sedena se niega a abrir esos cuarteles a los peritajes independientes y a entregar los recibos de consumo de gas consumido a finales del mes de septiembre del 2014. No hay que olvidar que en basurero de Colula se “encontró” el fragmento de un hueso perteneciente a un estudiante que efectivamente estaba incinerado pero si los  expertos del GIEI descartan que fueron quemados en el lugar,  entonces se trata de una  evidencia  “sembrada” y traída de los crematorios militares.

 

 Grave asunto y es un tema que involucra a todo el país. ¿Hasta qué punto las policías estatal, federal y municipales colaboran con el crimen organizado?, y ¿hasta dónde está podrido el Ejército y las altas esferas del Gobierno Federal que prefirieron sacrificar a 43 estudiantes para proteger el negocio de la droga? ¿Qué puede esperar la juventud  mexicana de su Gobierno que decide exterminarla en lugar de combatir a la mafia? Los mexicanos y los veracruzanos están en  indefensión total frente a ese Narco-Estado.

 

CANDILES DE LA CALLE

 

 Vaya noticia tan conmovedora: 30 mil mexicanos han firmado en línea una petición para que el Gobierno Federal acepte que el país reciba a por lo menos 10 mil refugiados sirios y ayude a paliar la crisis migratoria que viven países africanos, del Medio Oriente y del sudeste asiático cuyos habitantes salen en tropel rumbo a Europa. Ahora sí, como dice el refrán, esos firmantes mexicanos son “el candil de la calle y la oscuridad de su casa”. Claro, la crítica  no  significa que se desprecie o minimice a los migrantes africanos, magrebíes u orientales pero ¿Por qué mejor no dar asilo a 10 mil centro y sudamericanos que también atraviesan territorio mexicano en tropel y desafiando enormes peligros? La mayoría de los mexicanos tratan con la punta del pie a esos caminantes, los llaman “ilegales” y se muestran indiferentes ante su desgracia. ¿Por qué no alzan la voz cuando son secuestrados, golpeados, robados, mutilados, violados o asesinados por la mafia coludida con policías estatal  y municipales e incluso con funcionarios públicos? ¿Por qué no firmar peticiones para la entrega de “visas humanitarias” y una estancia digna en México a los centroamericanos? ¿Por qué esos 30 mil mexicanos que firman la petición para recibir migrantes sirios no reciben ellos mismos a un hermano latinoamericano, a un niño hondureño, salvadoreño o guatemalteco para permitirle que tenga un futuro mejor?.

 

 Está bien llorar por lo que le pasa a la gente al otro lado del mundo pero no conmoverse por los que mueren en nuestras puertas, es simplemente hipocresía. Igual de hipócritas son los senadores panistas y perredistas que solicitan que el Gobierno Federal abra sus puertas a migrantes sirios. La panista Laura Angélica Rojas promete llevar el tema a la tribuna senatorial y pregona que “nadie puede estar indiferente ante la tragedia de esos inocentes”. No tiene vergüenza la mujer, “corazón de pollo” a conveniencia, pues para ella parece que no existen los migrantes de casa y de las naciones vecinas.

 

TRASQUILA  EN SALUD

 

 A la fila  de acreedores que día a día se le acumulan al gobernante en turno se suman los que al interior de la misma administración reclaman pagos pendientes como es el caso de 3 mil 200 trabajadores del sector salud que exigen el pago por homologación de contratos y otras prestaciones que ascienden a 200 millones de pesos, dinero que fue transferido por la federación desde el mes de julio pero que a la fecha siguen “desaparecidos”.  Por lo tanto, no se ha procedido a concretar esa homologación contractual pese a que fue un compromiso firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

 

 Ese acuerdo fue de carácter nacional y  fue cumplido por las otras entidades federativas menos por Veracruz donde se han negado a liberar los contratos fijos con los respectivos pagos de nivelación de suelo, bonos de antigüedad y otras prestaciones. Ante ello, el secretario de Salud en la entidad, Fernando Benítez Obeso de plano no se para por las oficinas de la dependencia para evadir a los empleados que están desesperados por el retraso. Según los conocedores, tan solo en la Secretaría de Salud hay “extraviados” unos 4 mil millones de pesos que la federación habría detectado con las auditorias practicadas.

 

 La ministración de fondos fue hecha a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para ser ocupado en rubros sanitarios pues estaban etiquetados pero  nunca se aplicaron. No se liberaron para la compra de medicamentos, equipo de hospitales y prestaciones de trabajadores y el señalamiento es que fueron desviados. Entre esos 4 mil millones de pesos están los 200 millones que deberían ser distribuidos entre los 3 mil 200 trabajadores para su homologación contractual. Y ese es tan solo uno de los casos que en los próximos días estallará  en la Secretaría de Salud pues los empleados analizan decretarse en paro laboral escalonados o salir a las calles a denunciar públicamente el robo de sus prestaciones laborales.

 

 Es más, algunos proponen ir a Los Pinos e instalarse en huelga de hambre frente a la residencia de Peña Nieto para denunciar lo que hace el gobierno veracruzano con los fondos federales. Otro caso similar en la misma dependencia tiene que ver con los 800 trabajadores eventuales que fueron contratados para el combate de los vectores, especialmente para labores de fumigación y abatización contra los mosquitos transmisores del dengue y la fiebre chikungunya y que les  adeudan salarios y prestaciones por un monto de 2 millones de pesos también desde el mes de julio. 

 

 Los sueldos de estos trabajadores son muy bajos y todavía se los jinetean desde la Sefiplan. Peor aún, sus contratos terminan en el mes de noviembre y ya les avisaron que no se les pagarán otras prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo como es la parte proporcional del aguinaldo y la liquidación respectiva. En una de esas, señalan angustiados los empleados, ni siquiera les pagan sus salarios completos y los remanentes que se han acumulado en estos meses. Claro que no andan equivocados porque los funcionarios de la administración duartista tienen las uñas largas y la cara-dura. Y la tercera pesadilla de los trabajadores del sector salud se llama Norma Pulido Loya, subsecretaria de Recursos Humanos y una de funcionarias que el ex titular del área, el cómico Juan Nemi dejó incrustadas en dicha Secretaría.

 

 La señora Pulido se da una vida de millonaria a costa de “trasquilar” derechos y pagos de los empleados, además de traficar con las plazas porque exige sobornos para anotar a los empleados eventuales en las listas de homologación y aquellos que no pagan, los hostiga hasta despedirlos. Pulido Loya ha colocado a sus familiares en plazas de la Secretaría de Salud así como a recomendados de amigos y compadres, entre ellos el propio cómico Nemi. Nadie se explica porque Benítez Obeso la sostienen en el cargo, aun cuando todos la plantilla laboral se queja de ella y son del dominio público sus tropelías.