Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- La administración municipal que concluye en Córdoba prepara su entrega-recepción bajo una narrativa de orden y transparencia. Sin embargo, esta fachada de eficiencia se desmorona ante el análisis de sus resultados concretos en el sector educativo.
El contraste entre el discurso triunfalista de la síndica Vania López González y la cruda realidad que revelan las cifras oficiales y las declaraciones de otros funcionarios, pinta un cuadro de fracaso y abandono que hipoteca el futuro de las escuelas públicas.
ESCRITURAS INVISIBLES: EL ESPEJISMO DE LA REGULARIZACIÓN
El programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante” se promocionó como un gran logro. No obstante, en Córdoba este proyecto ha sido un espejismo. Mientras la síndica reporta la entrega de apenas ocho escrituras en todo el trienio, los registros elevan la cifra a diez, una cantidad ínfima frente a las 91 escuelas que iniciaron trámites. Esto deja a 81 planteles en un limbo jurídico, sin la certeza sobre los terrenos que ocupan. La gestión se caracterizó más por la foto oportuna que por la eficacia administrativa, dejando al descubierto una simulación mediática carente de resultados sustanciales.
LA MONTAÑA DE SOLICITUDES IGNORADAS
Más allá de las escrituras, la deuda es aún mayor en materia de apoyo inmobiliario. El ayuntamiento acumuló más de 350 solicitudes de las escuelas para atender necesidades urgentes de infraestructura, regularización de inmuebles y dotación de mobiliario. Frente a esta abrumadora demanda, la respuesta fue irrisoria: menos de 20 planteles, aproximadamente 12 según algunas declaraciones, recibieron algún tipo de atención. Esto representa un avance de menos del 5%, una clara evidencia de la pésima planeación y la nula capacidad de ejecución para resolver problemas estructurales en la infraestructura educativa.
EL IMPUESTO ANTICONSTITUCIONAL: COBRAR POR EDUCAR
En un acto que culmina este desprecio por la educación pública, el Cabildo, impulsado por el alcalde Juan Martínez Flores, aprobó una reforma para gravar a las escuelas con el pago por recolección de basura. Esta medida, inédita en el país para planteles públicos, es jurídicamente incongruente al incluir a las escuelas en un artículo destinado a industrias y comercios. El regidor Sergio de la Llave Migoni ha señalado que este impuesto es anticonstitucional, ya que viola el principio de gratuidad de la educación y, en la práctica, la carga económica terminará recayendo en los padres de familia, agravando la situación económica de las familias cordobesas.
