De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El impugnado, lavador del crimen organizado y cabecilla del Cártel Inmobiliario, Manuel Alonso Cerezo, ejerce funciones en el ayuntamiento de Córdoba, infiltrando operadores en Tesorería e Hidrosistema, en un flagrante delito por uso indebido de la función pública y violación a la ley, adelantando lo que será su régimen: ilegal, corrupto, y al servicio de intereses del crimen organizado.
El lavador del crimen organizado, Manuel Alonso Cerezo lo confirmó con desparpajo: “ya tengo personal trabajando”, reconociendo que toma decisiones y asigna funciones públicas sin haber sido acreditado legalmente como alcalde, pues sigue impugnado en al menos cuatro expedientes ante el OPLE y el Tribunal Electoral de Veracruz: por financiamiento ilícito, pérdida del modo honesto de vivir, y uso de recursos públicos con fines electorales.
De acuerdo con la Ley para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal del Estado de Veracruz, ningún actor electo puede designar personal, intervenir en áreas estratégicas o tomar control administrativo antes de rendir protesta formal. Lo que hace el lavador del crimen organizado Manuel Alonso Cerezo constituye el delito de uso indebido de funciones públicas, compartiendo la responsabilidad penal con Juan Martínez Flores, el aún alcalde que le entregó el control del ayuntamiento en bandeja de plata – incluso desde que permitió imposición de figuras por Luis Abella, a cambio del financiamiento de su campaña política-.
El artículo 327 del Código Penal de Veracruz lo deja claro: “Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario al servidor público que, por sí o por interpósita persona, sin estar autorizado para ello y aprovechando el cargo, promueva o gestione la emisión o ejecución de un acto oficial en su beneficio o de un tercero”.
Exactamente es lo que ha hecho el lavador del crimen organizado, Alonso Cerezo, al meter a su gente en áreas como Tesorería, parquímetros e Hidrosistema, donde está traficando influencias, usurpando funciones y violando la ley, acompañado de funcionarios que podrían ser también procesados: el tesorero municipal, directores de área y operadores políticos.
Por ello, en un acto de cinismo puro, el líder del Cártel Inmobiliario se declaró públicamente tapadera de Juan Martínez, al afirmar que no se investigarán irregularidades de su administración.
“Seguramente no vamos a encontrar nada”, dijo. Y con ello confirmó el pacto de impunidad, donde el impugnado garantiza el encubrimiento.
