• Por Andrés Timoteo / columnista

CURSO DE ACROBACIA
En el ejercicio del poder, la representación popular y el quehacer político en general hay un bien escasísimo: la congruencia. Para encubrir su falta hay quienes recurren a todo tipo de artilugios desde la indiferencia y el silencio hasta las acrobacias discursivas. Un ejemplo se tuvo el lunes en Boca del Río durante el Encuentro Nacional de Presidentas Municipales convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
Allí se habló de combatir el machismo en la política, de superar el patriarcado en la administración pública y de impulsar el empoderamiento de las féminas, La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dirigió un mensaje virtual, llamó a las participantes a “sumarse a los esfuerzos para erradicar y prevenir las violencias contra la mujer con el fin de lograr la igualdad sustantiva”. Todo bien, todo correcto.
Las asistentes conformaron la Red Nacional de Presidentas Municipales y Alcaldesas para pelear por candidaturas en los comicios venideros, acunar liderazgos femeninos en el ejercicio público y denunciar todo tipo de agresiones, discriminación y acoso a las mujeres que participan en cargos de elección popular. Lo incongruente fue que ignoraron la realidad sangrienta de Veracruz para las mujeres ediles.
No hubo un pronunciamiento sobre el reciente asesinato de la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, acosada desde el gobierno estatal. Nada, a pesar de que fue un feminicidio en las esferas políticas hace apenas unos días. En esa encerrona mujeril se mantuvieron silentes. Mucho menos se refirieron a otra edil asesinada, Maricela Vallejo, cuyo ataque sucedió en abril de este mismo año y tuvo un contexto similar de acoso político e intromisión del gobierno estatal.
¿Pues no que el encuentro y la famosa red son para defender a las mujeres con cargos edilicios y denunciar la violencia? Más bien fue una reunión de malabaristas, un curso para aprender acrobacias a fin de disimular las incongruencias. Claro, la mayoría de las participantes eran alcaldesas emanadas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero ¿adivinen quien se coló diligentemente? La cordobesa Leticia López Landero, experta en maromas para justificar dislates, incongruencias y pillerías.
La edil López ¡se puso como ejemplo de ser víctima de violencia política!, pero no pronunció una sola palabra por las dos colegas asesinadas en Jamapa y Mixtla de Altamirano. Claro, la cordobesa miente como respira pues al participar en la mesa de trabajo “Agenda Municipal a favor de las Mujeres”, afirmó que el ayuntamiento a su cargo es ejemplo políticas públicas a favor de la población femenina.
¿Las mujeres de Córdoba respaldan esta afirmación?, ¿se siente defendidas por López Landero y su comuna?, ¿pueden corroborar que hoy en Córdoba las mujeres viven mejor que hace tres años y que todo es tejer y cantar como describió López Landero? Por supuesto que no. La munícipe es solo eso: una experta en maromas discursivas. Por cierto, tampoco fue al encuentro por convicción sino porque se lo ordenaron desde la Secretaría de Gobierno para ponerla como ejemplo de “diversidad partidista”. Risas.
Pero no solo en el rubro municipal abundan las acróbatas y equilibristas sino también en el legislativo. El lunes compareció en el congreso local el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado y ninguna diputada – se esperaba la obvia sororidad- lo increpó por haber dejado sin policías al municipio de Jamapa y en la indefensión a la alcaldesa asesinada.
Cinco legisladoras estaban obligadas a tocar el tema de la violencia policiaca contra Ríos Delfín y ninguna lo hizo. Tres son panistas: Monserrat Ortega, Josefina Gamboa y la huatusqueña Nora Lagunes que forman parte de las comisiones de Derechos Humanos, Procuración de Justicia y Seguridad Pública. No dijeron nada. Las maromeras azules se quedaron calladas. Algunas ni siquiera asistieron a la sesión.
Tampoco hubo una sola palabra de las morenistas Mónica Robles -quien en una publicación de su propiedad puso en primera plana la fotografía del cadáver de la edil asesinada, bañado en sangre y con un encabezado burlón, y eso que la señora presentó una denuncia penal contra otro periódico alegando ser víctima de violencia de género- y Rosalinda Galindo de la Comisión de Justicia al igual que la priista Erika Ayala, integrante de la misma comisión.
Por supuesto, si nada dijeron de la presidenta municipal de Jamapa que sufrió la embestida de Seguridad Pública antes de ser asesinada mucho menos de la niña Magdalena Herrera, de once años, que en enero de este año fue asesinada por efectivos de la policía estatal en Atzalan junto con su abuelo. Fue una comparecencia de terciopelo y las mujeres diputadas -oh incongruencia- no tocaron al funcionario ‘ni con el pétalo de una rosa’. Eso es lo más grave, no que Gutiérrez Maldonado haya comparado a los policías estatales con “Matute” el oficial bobalicon de la caricatura “Don Gato y su pandilla”.
 
PATOLOGÍA MORAL
Los Sánchez de Jalapa eran socialistas hasta que se sacaron la lotería, entonces se volvieron capitalistas. Les pasó exactamente como aquella frase típica para burlarse de quienes antes, cuando no tenían dinero, reclamaban justicia social y económica y luego, ya encumbrados, se olvidaron de esas reivindicaciones. Bueno, pero estos aludidos no son empresarios, no generan un solo empleo ni desarrollo económico, nada más están enchufados a la nómina pública.
La matriarca de esa familia, Gloría Sánchez, es el emblema de tal volatilidad. En 1986 cuando el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) la postuló como candidata a la gubernatura -compitió contra Fernando Gutiérrez Barrios- centró su campaña en denunciar la precarización de la clase trabajadora y la “aniquilación” de los más pobres. En su discurso contra el gobierno financierista de Miguel de la Madrid -el primero de la saga de mandatarios neoliberales- acusaba salarios de hambre para la clase laboral.
“Un obrero ya no puede comprar la canasta básica, el salario no sube y los precios están por las nubes. Los funcionarios viven ignorando la necesidad del pueblo”, dijo en un mitin pronunciado en la Escuela Normal Veracruzana, de donde es egresada y maestra, recuerda un profesor que ahora ya está retirado pero que acompañó a la entonces candidata. “Sabíamos que no íbamos a ganar, pero era necesario participar y decir lo que se tenía que decir. Y se hizo, no nos quedamos callados”, rememora.
El mismo maestro ahora se da topes contra la pared al oír el discurso de los Sánchez y el silencio de aquella profesora normalista que hoy se sienta en una curul del Senado. Su indignación tiene como punto central a Guillermo Fernández Sánchez, sobrino de la senadora y titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en Veracruz.
No llegó ahí por mérito propio ni por su capacidad profesional y ni siquiera por su perfil para el cargo -es ingeniero mecánico electricista- sino por la influencia de su tía, quien fue la primera dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la entidad y en su momento presentó a otro profesor, Atanasio García Durán y a su hijo, Cuitláhuac García con el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.
En días pasados, Fernández Sánchez aseguró que una familia veracruzana puede vivir con mil pesos mensuales y la declaración causó furor en la opinión pública. Algunos consideraron que había sido un exabrupto del encargado de los programas sociales para apoyar a los más pobres. Era imposible que tuviera tal ligereza, justificaron. Pero no fue un desliz sino una declaración pensada y justificada que incluso la reiteró ante diputados locales cuando acudió a la legislatura citado dentro de la glosa del segundo informe de gobierno de García Jiménez.
Allí el funcionario refrendó su insultante arenga y la tía que hace algunos años fustigaba la insensibilidad de los funcionarios para con las clases necesitadas guardó y guarda un silencio absoluto. “Calla como momia”, citando al tabasqueño. Ni una palabra sobre esa afirmación aventurada ni tampoco -que es lo peor- sobre la política social de la administración estatal que, efectivamente, entrega ayudas de mil pesos al mes a las familias marginadas. Por la boca de Fernández Sánchez habló el cuitlahuismo, pues.
Pero ¿qué saben de necesidad los Sánchez que ahora cobran decenas de miles de pesos por estar en la burocracia dorada de la “cuarta transformación”? Jamás repararán en lo que es sobrevivir con mil pesos al mes como ellos recomiendan. La senadora Sánchez cobra 160 mil pesos mensuales y tiene un aguinaldo de 250 mil pesos. Mientras tanto, su sobrino como funcionario estatal percibe 120 mil pesos porque tiene doble salario, según el tabulador, en esas triquiñuelas que se hacen para exprimir al erario. Gana más que el presidente de la república.,
Y si se toma en serio lo que él mismo afirma, entonces el titular de la Sedeso gana en un solo día lo correspondiente a cuatro meses de alimentos para una familia pues recibe 4 mil pesos cada 24 horas. Pero no solo son él y su tía los ganones sino tota la familia Sánchez. El señor tiene al menos una decena de parientes en la nómina de la secretaría.
Su nuera, Rosa Guillen Trinidad es jefa de la Unidad de Transparencia, su sobrino Alfredo Montano Fernández es analista administrativo y Esmeralda Herrar Aguirre, esposa de otro sobrino de nombre Marco Aurelio Sánchez Hoz, es la jefa del departamento de Recursos Humanos. Otra sobrina, Elda Sánchez Manzano, cobra como directora de Desarrollo Urbano y otro más, Roberto Sánchez Vega, es su asesor particular. Éste último tiene a un pariente, Ángel Díaz Vega, en la secretaría técnica. Estos -los más visibles- son apenas una muestra del nepotismo de Fernández Sánchez.
En conjunto, la familia Sánchez se embolsa cada mes poco más de medio millón de pesos en sueldos y compensaciones. Entonces, ¿con qué cara el secretario cuitlahuista afirma que una familia puede vivir con mil pesos al mes? Su caso es de ‘patología moral’ como nombran algunos analistas al padecimiento que aqueja a los políticos sinvergüenzas.