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EL MINUTERO

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  • Por Andrés Timoteo / columnista

LO VUELVE A HACER
Corría la segunda mitad del 2016 cuando un grupo de agentes ministeriales llegaron a las oficinas de un empresario transportista en la región de El Carmen, a 42 kilómetros de Monterrey, para exigirle que pagara una extorsión -inicial- de 300 mil pesos a cambio de no obstaculizar su negocio, especialmente el traslado de combustible en carros-cisterna. De no hacerlo, lo detendrían bajo la acusación de robo de hidrocarburo -’huachicoleo’-, trasiego de droga y complicidad con grupos de secuestradores.
Acorralado, el empresario neoleonés pagó los 300 mil pesos, aunque sus extorsionistas le advirtieron que eso sería apenas la ‘primera cuota’ porque el negocio que tenía era muy redituable. Sin embargo, la víctima no se quedó callada y presentó una denuncia penal contra quienes lo extorsionaron, pero además logró, por medio de otro empresario encumbrado, que el propio gobernador, en ese entonces, Rodrigo Medina de la Cruz, supiera del hecho.
¿Y por qué directamente con el mandatario estatal? Porque los tipos que lo coaccionaron eran agentes del llamado Centro de Operaciones Estratégicas (CEO), un ala de élite que dependía de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL). El 21 de octubre se inició una investigación interna ordenada por el gobernador Medina de la Cruz y una semana después, el día 29, fue destituido el titular del CEO junto con 28 policías. Dos de éstos últimos, identificados como Héctor Torres García y Francisco Castañeda Bermúdez, fueron detenidos y sometidos a proceso judicial pues eran quienes lideraban la red de extorsiones.
El empresario de El Carmen no fue la única víctima sino que hubo otros inversionistas y comerciantes que también denunciaron situaciones similares e identificaron a Torres García y Castañeda Bermúdez como los que establecían contacto con ellos y les hacían la amenaza directa de embestirlos con una denuncia judicial, cateos y allanamiento de locales y oficinas así como el decomiso de bienes sino no pagaban la extorsión.
Estos dos agentes eran, nada más y nada menos, que los colaboradores más cercanos del entonces titular de la CEO, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien fue destituido aunque no detenido porque logró mover influencias y librar la cárcel. El procurador neoleonés, Roberto Flores Treviño, argumentó ante los medios de comunicación que su remoción era parte de una estructura para mejorar el combate a la delincuencia y dio una cifra que, efectivamente, era cierta.
Durante el desempeño de Gutiérrez Maldonado al frente del CEO, del 2015 al 2016, la violencia y los crímenes en el estado registraron un incremento de casi el 50 por ciento -42 puntos para ser exactos- en comparación con los años precedentes. Todo lo anterior aparece en reportes de prensa de la época y esa fue la ‘carta de presentación’ con la que Gutiérrez Maldonado llegó a Veracruz para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública en diciembre del 2019 cuando inició el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez.
Y si lo hizo en Nuevo León, ¿por qué no lo iba a hacer en Veracruz? Hace dos fines de semana, el sábado 19 de junio, la prensa en la zona centro dio cuenta de un cateo de la policía estatal en una bodega que almacena mercancía en Río Blanco. Todo se manejaba con cierto sigilo de parte de las autoridades y lo que se logró saber en ese momento es que buscaban a una o varias personas secuestradas. No obstante, fue inusual el allanamiento competo de un local y el sometimiento de toda la plantilla de trabajadores.
Días más tarde, el viernes pasado -25 de junio- el propietario del local, José Antonio May González hizo pública una denuncia contra el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del estado, Rodolfo Astudillo Medina, José Arturo Santiago Zavaleta, alias “El Lagarto”, delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona centro y el titular de la misma dependencia, Gutiérrez Maldonado, por el cateo sin orden judicial, por golpear y torturar a varios empleados y robarse 1.5 millones de pesos además de mercancía y equipo tecnológico que había en la bodega.
Tres trabajadores fueron detenidos, no por secuestro ya que no encontraron a ningún plagiado ni por tráfico de estupefacientes pues tampoco hallaron nada sino por el delito preferido en Veracruz, ultrajes a la autoridad. Los policías destruyeron las cintas de la mayoría de las cámaras de vigilancia, pero no advirtieron una que de forma oculta logró registrar el allanamiento y el trato que le dieron a los trabajadores. Con esta pieza de evidencia, May González acreditó la actuación ilegal de los agentes estatales que fueron encabezados personalmente por Astudillo Medina y Santiago Zavaleta.
Obviamente, la seguridad personal del empresario rioblanquense está en riesgo por la denuncia de tal calibre sustentada en esas cintas de video y por eso pidió protección al mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a sabiendas que el gobernante estatal, García Jiménez, no actuará en contra de su secretario de Seguridad Pública. Bueno, en los hechos posiblemente tampoco López Obrador haga nada en contra de Gutiérrez Maldonado, a quien lo ligan por medio de un parentesco con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.
Empero, los hechos allí están acreditados por las videograbaciones y la testificación de la víctima a quien, al igual que sus homólogos regiomontanos, lo extorsionaron desde los mandos de Secretaría de Seguridad Pública que en complicidad con la Fiscalía General procedieron al allanamiento ilegal de la bodega en Río Blanco porque se habría negado a pagar loa cuota establecida. No es nada nuevo, muchos habían pronosticado que el señor Gutiérrez Maldonado reproduciría en Veracruz lo que hizo antes en Nuevo León. “Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”, reza la sabiduría popular. Y en efecto.

VERACRUZ EN LA NOTICIA
No es algo para enorgullecerse, pero sí para reparar en ello. Veracruz ha figurado en una calamidad y una tragedia recientes. El lunes de la semana pasada, un cocodrilo atacó y mató a una mujer que se encontraba lavando ropa en la laguna El Carpintero de Tampico, Tamaulipas, y la noticia se hizo viral porque el ataque fue grabado en teléfonos móviles por algunas personas desde la orilla y subieron el video a las redes sociales. Pues bien, la víctima era veracruzana. Se llamaba Paula y era originaria del poblado San Sebastián en Tantoyuca.
Según la investigación del periódico “La Voz de Tantoyuca”, doña Paula viajaba constantemente a Tampico donde vendía dulces en la vía pública. Era una adulta mayor, indígena y en situación de calle. Triste caso. La otra noticia, también dada a conocer por la prensa, es que los damnificados por el socavón en un sembradío en Puebla que amenaza con engullir a su vivienda también son veracruzanos: el matrimonio formado por Magdalena Xaliamihua y Heriberto Sánchez que llevaban nueve años viviendo en ese predio de la comunidad Santa María Zacatepec.
Vaya, dos nuevas explosivas y negativas que de alguna forma apuntan hacia Veracruz como si localmente no se tuviera bastante gracias al desastre gubernamental del cuitlahuismo que ha colocado a la entidad en los primeros titulares de todo: crímenes de políticos, muertes por dengue, feminicidios, desabastecimiento de medicamentos para el cáncer, secuestros, nepotismo y fosas clandestinas. La calamidad y la tragedia son endémicas de Veracruz.

TODOS LO SABÍAN
Un tribunal en la Borgoña francesa emitió el viernes 25 de junio una sentencia histórica respecto a la violencia machista contra las mujeres. Tras cinco días de juicio dio una pena mínima y le otorgó el beneficio de la libertad inmediata a Valérie Bacot, quien el 13 de marzo del 2016 asesinó de un disparo a Daniel Polette quien era su padrastro, marido y proxeneta. El Tribunal de Chalon-sur-Saône condenó a Bacot a cuatro años de cárcel de los cuales tres pueden ser bajo libertad condicional y como ya había pasado uno en prisión, mientras esperaba el juicio, salió en libertad.
El veredicto es, por supuesto, un mensaje de la justicia gala sobre la violencia contra las mujeres y el caso de Valérie Bacot es terrible. Hija de madre alcohólica, fue violada por su padrastro a los 12 años. Luego, cuando murió su progenitora, la obligó a ser su pareja formal y procreó cuatro hijos con él, pero además la golpeaba y la obligaba a prostituirse. Su historia fue publicada en el libro “Tout le monde savait. Un jour il m’aurait tuée” – “Todo el mundo lo sabía. Algún día él me iba a matar”.
Algunos de sus hijos adolescentes acudieron a las autoridades para denunciar la violencia que su padre ejercía contra su madre, pero nunca les hicieron caso. En varias ocasiones se rehusaron a recibir la denuncia y abrir un proceso de investigación alegando que se haría hasta que acudiera la víctima personalmente. El día del crimen de aquel marzo del 2016, Valérie fue golpeada salvajemente por un cliente y luego su pareja la siguió atacando por no “haber satisfecho” a quien le pagó por usarla sexualmente. Ella se defendió, fue la primera vez, y tomó una pistola que Polette guardaba en la guantera del coche y lo mató de un tiro. Actualmente tiene 40 años y de ellos, 24 -más de la mitad de su vida- los sufrió al lado de su abusador.
Este es el segundo caso icónico de indulgencia para una mujer maltratada. En el 2016, antes de concluir su mandato, el presidente François Hollande indultó a Jacqueline Sauvage quien en el 2012 también mató a su marido Norbert Marot tras 50 años de maltratos y abusos domésticos. Los tribunales habían rechazado dos apelaciones para reducir su sentencia de diez años de prisión hasta que Hollande ejerció su derecho de fin de quinquenio para liberarla. Jacqueline murió en julio del año pasado a los 72 años. Sin proponérselo, Jacqueline y Valérie se convirtieron en símbolos de la lucha feminista contra la violencia doméstica.

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