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EL MINUTERO

Casa Ideal

DÍA DEL NIÑO

En este último diciembre se habló poco de ellas. ¿Alguien sabe si hubo misa en su memoria? Casi nada apareció en la prensa. Los porteños tienen flaca la memoria pues a 19 años del incendio en el mercado “Miguel Hidalgo” en el puerto de Veracruz, las 30 víctimas mortales ya no calan el sentimiento colectivo y ni les merecen un recuerdo luctuoso. Este 2020 se cumplirán dos décadas de la tragedia sucedida el 31 de diciembre del 2020 y no se ha aprendido nada: la venta y el uso de pirotecnia peligrosa está más en auge y tolerada que nunca.
De las 30 personas que murieron quemadas solo29 fueron reconocidas oficialmente. Una nunca apareció. Fue el niño Oscar Daniel Campos que en ese entonces tenía 13 años y acompañaba a su madre -el cuerpo de ella sí apareció-. Hasta la fecha Oscar sigue en calidad de desparecido. Seis meses después de aquella tragedia, el 5 de junio del 2003, en la comunidad La Balastrera de Nogales, en la zona centro, la explosión de un gasoducto de Petróleos Mexicanos fracturado por el desbordamiento del Río Chiquito mató a 12 personas e hirió a casi un centenar.
Diez de estos últimos eran niños que quedaron con cicatrices de por vida y con su salud atada a costosos tratamientos para restaurar su piel dañada. El Estado primero se negó a reconocer su responsabilidad en la catástrofe -¿se acuerdan cuando el funcionario de Pemex Juan Bueno Torio retó a las víctimas a que “demandaran a Dios” y no al gobierno?- y luego les escamoteó el apoyo económico y médico. Esa decena de pequeños, hoy ya jóvenes, sigue sufriendo las secuelas del accidente y están olvidados por todos.
En el 2014, la opinión pública se acongojó por el caso de Karime Cruz de 5 años, secuestrada y luego asesinada junto con su tía en Coatzacoalcos. Los cadáveres de ambas se localizaron sepultados en el patio de una vivienda tras sesenta días de permanecer desaparecidas y la procuraduría duartista buscó un ‘chivo expiatorio’ -el novio de la tía- para sacudirse el caso. En el 2017, otra pequeña de la misma edad, Ana, pereció en una balacera perpetrada en Plaza Cristal de Córdoba. Nunca se buscó ni castigó a sus asesinos.
María Magdalena tenía once años cuando pereció bajo las balas de la policía estatal en Atzalan en enero del 2020. La mataron junto a su abuelo, Bellarmino Cerdeña. A ambos les dieron el tiro de gracia los agentes estatales y luego el propio gobernante en turno, Cuitláhuac García, los criminalizó asegurando que pertenecían a la delincuencia organizada. Por supuesto, los policías siguen impunes.
En junio de ese año, José Antonio de 10 años fue secuestrado afuera de una tienda de conveniencia en Acayucan, estuvo doce horas desaparecido y luego su cuerpo fue localizado en una vivienda abandonada. Abusaron sexualmente de él y lo torturaron. Estaba la primera ‘ola’ de la pandemia de Coronavirus y las autoridades pusieron ese pretexto para no darle prioridad el pedido de ayuda de los padres cuando el niño no regresó del ‘mandado’.
El lunes pasado se cumplieron seis meses de la ejecución extrajudicial de Jonathan Herrera y Eduardo Jiménez, de 13 y 15 años, respectivamente, cometida por uniformados de la Fuerza Civil en el poblado La Patrona de Amatlán de los Reyes. Al igual que el caso de Atzalan, a los dos menores se les intentó manchar ‘postmortem’ ligándolos a la delincuencia y luego se fabricó una escena del crimen y una historia de persecución para justificar su asesinato y proteger a los policías -que siguen impunes-. García Jiménez también los criminalizó abiertamente.

NI JUGUETE NI RECUERDO
Brian Emmanuel de 12 años falleció en noviembre del año pasado cuando cayó en un registro subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la colonia Chivería del puerto de Veracruz. Murió electrocutado pues el depósito se encontraba sin tapadera y además estaba anegado. Su muerte está concatenada a un delito tolerado por las autoridades que es el robo, venta y reciclaje clandestino de artículos metálicos entre ellos tapaderas de alcantarillas.
La CFE no hizo nada más que mandar a colocar una nueva cobertura de polietileno en el lugar del accidente y se desentendió de indemnizar a los deudos. A su vez, el ayuntamiento porteño simuló un operativo para clausurar ‘chatarreras’, pero nunca combatió con seriedad del ilícito. A la fecha se siguen robando las tapaderas de alcantarillas, cable y tubos en toda la ciudad y su conurbación.
Y así como los casos anteriores se podría evocar muchísimos más de niños que han perdido la vida a causa del crimen organizado, los accidentes y el abuso de autoridad, y que comparten dos denominadores que son la impunidad y la corrupción gubernamental. Esas tragedias infantiles no se hubieran producido o tal vez no hubieran dolido tanto si no los gobernantes no fueran tan indolentes, irresponsables y hasta cínicos.
Pero la tragedia no para con esos casos particulares y se torna más profunda por la muerte casi seriada de menores por dos flagelos que también tienen como trasfondo la inacción y hasta la complicidad de funcionarios. Una es la de los niños con cáncer abandonados a su suerte sin medicamento y quimioterapias. Según organizaciones civiles, a la fecha han muerto en Veracruz 32 pequeños por un tratamiento mal seguido y el desabasto de fórmulas oncológicas.
El descaro es que el secretario de Salud, Roberto Ramos se gastó 5 millones de pesos para remodelar sus oficinas el año pasado y el gobernante García Jiménez otros 80 millones para remozar un estadio de beisbol. Con esos 85 millones se pudo haber salvado a los 32 niños y a muchos más. El cuitlahuismo prefirió gastarse el dinero en frivolidades y hasta regresar miles de millones de pesos a la Federación por un subejercicio presupuestal adrede que evitar la muerte de los pequeños. ¿No es eso un crimen de lesa humanidad? La otra llaga son los menores desaparecidos por el crimen organizado. No hay nombres ni número, pero sí indicios: en las fosas clandestinas se ha extraído ropa de niños y bebés. ¿Cuántos pequeños están allí sepultados?, ¿se sabrá algún día? Es un tema duro y doloroso, pero que debe ser expuesto porque son víctimas mucho más inocentes que necesitan justicia o al menos memoria. Toda está relatoría se hace porque el miércoles fue Día de Reyes y los pequeños citados -y otros anónimos- no tuvieron juguetes ni abrazos ni rosca acaramelada y algunos ni
siquiera un recuerdo.

LOS MÁRTIRES
Por cierto, hoy se conmemora el 115 Aniversario de la masacre de obreros en Río Blanco ordenada por el dictador Porfirio Díaz en 1907 y que fue uno de los preludios de la Revolución Mexicana. En aquel municipio será el primer evento que organice el nuevo edil, el morenista Ricardo Pérez García, y los rioblanquenses esperan que al menos por su filiación partidista el evento tenga la atención de los gobiernos estatal y federal.
La celebración de los llamados Mártires de Río Blanco ha sido abandonada desde hace años, pero sobre todo en el último trienio de la ‘cuarta transformación’. Lo mismo sucedió con los aniversarios de la promulgación de la Ley Agraria que durante los gobiernos priistas era un evento relevante, pues honraba al campesinado nacional pero que declinó con el panismo y quedó prácticamente ignorado con el morenismo.
Ayer jueves cumplió 107 años y la fecha pasó sin pena ni gloria, solo un puñado de líderes campesinos se congregaron en el monumento a Venustiano Carranza, en el Puerto de Veracruz, para recordar el decreto jurídico del 6 de enero del 2015. Hoy se verá si en Río Blanco ocurre lo mismo con el homenaje luctuoso a los obreros que hace más de un siglo fueron los precursores de la defensa de los derechos laborales en el país.
También hay que agregar que a más de un siglo de aquella gesta heroica, el revisionismo y la ultraderecha están ganando terreno en el corredor industrial de la zona centro que debería ser progresista por su historia. La señal más firme de eso es la estatua en honor al dictador Porfirio Díaz que hace siete años, el septiembre del 2015, develaron en Orizaba.
Para completar el sainete, el impulsor de esa efigie y admirador personal del dictador, el priista Juan Manuel Diez Francos regresó a la alcaldía de La Pluviosilla. Moraleja: el verdugo de miles de obreros sigue de pie y con honores a unos cuantos pasos de donde ordenó la masacre de 1907 y un autócrata que le reza a diario se volvió a sentar en la silla municipal. ¡Cosas veredes!, diría Don Quijote.

CIRCO DE TRES PISTAS
La lectura política de lo que pasa a nivel estatal entre el pleito del gobernante en turno, Cuitláhuac García y los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado no tiene sesgos. Tampoco es vana y arrojará consecuencias a pesar de que a nivel local se intenta descalificar la validez de la Comisión Especial para Investigar los Abusos de Autoridad en Veracruz. Los casos se acumulan y aunque no se llegue al juicio político contra García Jiménez ni a la desaparición de poderes en la entidad sí se exhibirá al gobierno cuitlahuista como represor y violador de
derechos humanos.
Mientras en el altiplano avanza la documentación de los casos de abusos de autoridad, en la aldea se montó un ‘circo de tres pistas’. Uno, el propio gobernante ha descalificado la validez de la comisión senatorial. Dos, lanzó una campaña de apoyo mediático a su persona, primero con cartas firmadas por los alcaldes y luego obligó a todos los funcionarios y empleados de su administración a hacer ‘tendencia’ en las redes sociales el hashtag “#ResisteCuitlahuac”. Y la tercera, acaba de llamar a la prensa a un “pacto” y para “ayudarse mutuamente”.
Dice, por ejemplo, que los medios de comunicación deben publicar lo que él no puede decir “porque al rato hacen otra comisión”. ¿Le pide tregua o complicidad? Todo lo anterior no encaja en la lógica que pretende vender el gobernante de que la comisión investigadora del Senado no le preocupa y que cuenta con el respaldo presidencial. Si así fuera no sería necesario recurrir a las campañas de apoyo a su persona ni pedir a los medios de comunicación un acuerdo a su favor. Moraleja: claro que le preocupa lo que salga de esa comisión legislativa y mucho.
Ah, y en la propaganda a su favor tiene un contradicción pues hay un agregado que dice “La justicia no vendrá de los conspiradores, el pueblo lo sabe” -risas-.
Entonces, si alardea el respaldo del pueblo la cosa es simple, que se someta a la revocación de mandato en este 2022 para ver si efectivamente los veracruzanos están con él. Al contrario de eso, hay una iniciativa de Ley en el Congreso local para evitar que sea sometido a un proceso de calificación.
Algo no cuaja, presume de lo que carece.

Rodeli Superiberia

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