DESAPARICIÓN FORZADA
México salió reprobado ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que sesionó los días 2 y 3 de febrero en Ginebra, Suiza, donde recibió una delegación de mexicanos, entre ellos funcionarios del gobierno del copetón Enrique Peña Nieto, para revisar las estadísticas de
desapariciones forzadas.
El tema sonaría académico, de política global y lejano para el ciudadano de a pie pero no lo es, al contrario está muy presente porque se padece a diario tanto en México como en Veracruz.
Basta recordar que hace algunos años para explicar la magnitud del fenómeno de la migración indocumentada hacia los Estados Unidos se decía que no había mexicano que no tuviera un familiar, un vecino o un conocido que se hubiera ido
“de mojado” al norte.
Hoy se puede afirmar sin equivocarse que no hay un mexicano –y un veracruzano- que no tenga un familiar, un vecino o un conocido víctima de la violencia, es decir que haya sido
secuestrado o desaparecido.
De ese tamaño es la tragedia y por eso el tema que se trató a nivel internacional sobre las desapariciones forzadas aterriza forzosamente entre la población.
Los ciudadanos comunes deben saber que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que México tiene un problema grave de desapariciones forzadas y no hay acciones del gobierno federal para atenderlo.
Las autoridades mexicanas ni siquiera cifras exactas de esas personas que de la noche a la mañana desaparecieron porque fueron secuestradas por el crimen organizado o por las corporaciones policiacas y militares. Los últimos datos, manejados en noviembre del 2014, por la Procuraduría General de la República (PGR) es que se tenían 23 mil 271 personas no localizadas.
De ellas, la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas solo busca a 621 individuos – 520 hombres y 101 mujeres de entre 19 y 53 años de edad- . La mayoría de esos desaparecidos están reportados en los estados de Veracruz –en primer lugar-, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, el Estado de México y
el Distrito Federal.
El perfil de los desaparecidos dice mucho: la mayoría son estudiantes o comerciantes. Son las cifras oficiales pero las organizaciones civiles sostienen que serían entre 30 mil y 40 mil los desaparecidos desde el año 2006.
La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas define a esta práctica como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia (tolerancia o inacción) del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la o de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Esto significa que aun cuando no sean agentes policiacos y militares los que desaparezcan a las personas, también se le puede clasificar como desaparición forzada porque el Estado lo tolera, lo apoya o simplemente no hace nada para impedirlo.
El gobierno mexicano se ha negado a reconocer la existencia de desapariciones forzadas y por eso desde el sexenio pasado ha detenido la creación de la Ley General de Desaparición Forzada porque su promulgación significaría reconocer su responsabilidad
en los hechos.
Actualmente en el país solo hay cinco estados con leyes precisas sobre la desaparición forzada: Guerrero, Chiapas, Querétaro, Nuevo León y Coahuila, el resto tiene incorporado el tema en sus códigos penales. A nivel federal el artículo 29 de la Constitución prohíbe la desaparición forzada y las penas por ese crimen está tipificado en los artículos 215a, 215b, 215c y 215d, del Código Penal que establece una pena de hasta 45 años de prisión pero la definición es muy vaga. Se requiere no solo precisar el tipo de servidor público y su participación sea directa o indirecta –de tolerancia- y por supuesto, actualizarlo en torno al contexto actual del país: violencia, predominancia del crimen organizado que controla regiones enteras y la colusión directa de autoridades con ellos.
Por eso México salió reprobado ante la ONU y lo que hizo el representante nacional, Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) fue prometer que en junio se tendrá la Ley General sobre Desapariciones Forzadas.
En Ginebra estuvo presente una delegación de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que siguen desaparecidos –porque no han encontrado los restos pese a que el gobierno federal ya los dio por muertos- para denunciar las omisiones oficiales en torno a este caso y que lamentablemente sirve para ilustrar lo que sucede en México.
Cualquiera gobernante puede ordenar la desaparición de personas, apoyarse con la policía municipal -como lo hizo el alcalde de Iguala, José Luis Abarca- y actuar en colusión con bandas del
crimen organizado.
Veracruz no se escapa de tal escenario, pues en la entidad habría unas 600 personas desaparecidas, la mayoría en Jalapa donde desde hace cuatro años se registra una ola de secuestros de jóvenes –hombres y mujeres-. En la zona centro –Córdoba, Amatlán y Orizaba- y sur, hay decenas de jóvenes desaparecidos y sus familiares señalan directamente a policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal como los responsables
de su detención.
El último acto representativo de la desaparición forzada fue el del periodista Moisés Sánchez Cerezo en Medellín de Bravo, ordenada por el alcalde panita Omar Cruz Reyes a través de su guardaespaldas y subdirector de la Policía Municipal. El reportero fue plagiado de su domicilio y asesinado por supuestas órdenes de un funcionario público al que le molestó la información que publicaba.
Si se revisa la definición de desaparición forzada cometida o tolerada por funcionarios públicos antes citada, se comprobará que todo encaja en lo que sucede en Veracruz porque las familias de los desaparecidos viven verdaderos calvarios al ir de comisaria en comisaría, prisión en prisión, hospital en hospital, de cubículo y ahora hasta de anfiteatro en anfiteatro buscando a
sus seres queridos.
Es más, ya se llegó a la desesperación de que cada vez que descubren una fosa clandestina la gente acude a ver si ahí están los restos de sus familiares para encontrarlos aunque sea así, y eso es porque ningún funcionario les informa nada y ninguna autoridad está
buscando a los ausentes.
Por eso se reitera que el tema no es menor ni está alejado de los veracruzanos y es urgente que se tengan los instrumentos legales no solo para prevenir las desapariciones forzadas, que sería lo ideal, sino para activar mecanismos de búsqueda, obligar a las autoridades locales a actuar y que los familiares tengan certeza que por lo menos se les trata de localizar y que se va a castigar a los responsables que hoy parecen gozar de impunidad plena.
Ya lo dijo el escritor Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en Cuernavaca por el crimen organizado, en treinta años seguiremos buscando a los desaparecidos y hurgando la tierra para tratar de encontrar las fosas clandestinas donde fueron
sepultados ilegalmente.
En la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se tuvieron 3 mil 500 desparecidos y 5 mil asesinados, en las dictaduras de las juntas militares de Argentina fueron 30 mil asesinados y 8 mil desaparecidos pero en México ya se lleva todo eso junto y más: 23 mil desaparecidos, según cifras oficiales, y más de
cien mil asesinados.
HAY O NO HAY
En este contexto, decenas de intelectuales, periodistas y organizaciones civiles acaban de solicitar al comité organizador del evento cultural “Hay Festival” con sede en Londres, Inglaterra que se suspenda la edición de este año para la ciudad de Jalapa ante la ola de violencia y muerte contra los periodistas.
En el estado van 12 reporteros asesinados y cuatro están desparecidos –les faltó agregar que también hay un atentado criminal contra un periódico, El Buen Tono, que sigue sin ser castigado- y por eso, a guisa de repudio, no debe realizarse el “Hay Festival “ para que no tampoco sea utilizado políticamente por las autoridades omisas.
No se puede ignorar el tema, quien lo haga peca contra la verdad. Con esta discusión Veracruz nuevamente se ubica en la polémica
nacional e internacional.
No son menores las voces que claman para cancelar el evento. No es menor el impacto a la entidad ni tampoco la condena a
sus autoridades.
El debate está abierto y sea cual sea el argumento de quienes defienden la continuidad de ese festival, tienen perdida la partida porque no pueden negar o esconder los homicidios de esos doce comunicadores que ya tiñeron de rojo a la entidad.
LA APROVECHADA
En el pueblo dirían los viejos: “ven la tempestad y no se hincan”, y eso aplica a los priístas que desesperados por la impopularidad son capaces hasta de lucrar con la tragedia para hacerse promoción. Así sucedió en Jalapa con la explosión registrada hace días en una carnicería en el popular barrio El Dique, que dejó un joven muerto y varias casas destruidas porque la ex alcaldesa y actual candidata del PRI a la diputación federal, Elizabeth Morales se presentó en el sepelio de la víctima para tomarse fotografías al lado de sus deudos a quienes ¡¡regaló
despensas y cacerolas!!.
Cuando increparon a la priísta por tratar de hacerse publicidad con el dolor de los familiares del joven fallecido, ésta dijo que ¡¡iba de parte del gobernador!!, a expresarles sus condolencias y brindarles ayuda..
Vaya que la señora no tiene vergüenza. ¿Y el árbitro electoral?. Durmiendo el sueño de los justos. Por eso la gente está harta de esos políticos aprovechados e indolentes, porque no se cansan de engañar al pueblo y sacar votos hasta de los féretros.
