Quizá nunca, como ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había encarado una responsabilidad de tal magnitud y trascendencia. En medio de una profunda crisis de credibilidad y legitimidad de las instituciones en todas las esferas de la función pública —ejecutiva, legislativa y judicial— y en todos los órdenes de Gobierno —federal, local
y municipal—.
El ejercicio de sus atribuciones será decisivo para enderezar y fortalecer las bases del ordenamiento constitucional democrático: la garantía de los derechos de las personas y el acceso universal a la justicia; los equilibrios, controles y contrapesos entre los poderes públicos; y, desde luego, la legalidad, empezando por el combate a la corrupción y
la impunidad.
No es una exageración sub-rayar el significado histórico de este momento de la SCJN. Simplifico las razones.
Durante el régimen posrevolucionario sus facultades y autonomía fueron limitadas y, en efecto, su relevancia también lo fue, bajo el peso avasallante del viejo presidencialismo; a partir del ciclo de reformas iniciado en 1994,
Ese año adquirió atribuciones clave para la defensa de la Constitución y, a la vez, una creciente autonomía, en el marco del proceso de cambio democrático, cuando la pluralidad y la alternancia en los poderes ejecutivos y legislativos federales y locales prometían una nueva forma de
ejercicio del poder.
Parecía, pues, que la SCJN, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, era uno de los cimientos de la moderna arquitectura constitucional, pero no el único.
La pluralidad y la alternancia, sin embargo, no fueron suficientes para superar las deformaciones estructurales del Estado mexicano; los persistentes escándalos por abusos, corrupción e impunidad han involucrado a gobernantes, legisladores y dirigentes de todos los partidos.
En este sentido, la SCJN aparece hoy como la más importante reserva institucional en nuestra frágil democracia.
Esto no significa que el Poder Judicial esté a salvo de las deformaciones señaladas, como lo muestran los casos de sesgos y corrupción en el desempeño de los jueces.
No obstante, la SCJN ha ejercido sus atribuciones con autonomía y eficacia, ganando con ello solvencia institucional, credibilidad y prestigio, los cuales se fortalecieron durante la presidencia del ministro Juan Silva Meza, tanto por su integridad ética y profesional, como por el papel decisivo que jugó a favor de las reformas que amplían la cobertura y los mecanismos para la protección de los
derechos humanos.
Corresponde ahora al nuevo presidente, ministro Luis María Aguilar, consolidar el legado de su antecesor y asumir con firmeza e independencia, sin distinción alguna, la exigencia de legalidad de la sociedad mexicana, la única vía para una transformación estructural del país. Es el momento de la Corte.
*Socio Consultor de
Consultiva
abegne.guerra@gmail.com
