El fin de semana se conmemoraron dos hechos históricos que impactaron al mundo y de los cuales México es afectado indirecto o forzosamente los debe tomar como referencia. El 11 de septiembre de 2001 un atentado terrorista derribó las llamadas Torres Gemelas en Nueva York. Fue un golpe al corazón financiero no sólo de Estados Unidos sino del sistema capitalista mismo. Tras quince años, todavía sigue como un misterio el número real de víctimas por los tres ataques de ese día.
Oficialmente se ha dicho que perecieron 2 mil 753 personas en las Torres Gemelas; 184 en el Pentágono, hasta donde se dirigió otro de los aviones secuestrados por los terroristas; y 40 en Pensilvania, donde se estrelló una cuarta aeronave. Sin embargo, todavía hay personas desaparecidas, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, pues quedaron literalmente reducidos a cenizas por la conflagración y decenas más perecieron tiempo después, por haber inhalado los polvos generados por el siniestro en Nueva York, que contenían dioxinas cancerígenas por la fusión de materiales químicos.
Pero más allá de la tragedia concerniente a esos ataques, el 11 de septiembre del 2001 –en el argot político y mediático identifican el caso con las siglas 11S- cambió muchas cosas en el mundo. El Imperio tuvo un nuevo enemigo a vencer: el terrorismo islamista. Se inauguró una nueva etapa de guerra global, ya no es la Guerra Fría que predominó de 1945 –después de la Segunda Guerra Mundial- hasta 1990 con la caía del Muro de Berlín, sino ahora se desplegó una guerra ideológica y altamente mortífera como si fuera un conflicto en pleno campo abierto.
En quince años de guerra contra el terrorismo, han perecido 1.4 millones de personas principalmente en los bombardeos masivos que Estados Unidos y los países aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), han realizado en países, como Irak, Afganistán, Pakistán y Siria. En esos países han sido arrojados 52 mil bombas y misiles. Además, se estima que más de 5 millones de personas fueron obligadas a huir de sus pueblos y ciudades, para salvar la vida. Hoy son refugiados que viven en la miseria.
El nuevo enemigo del ‘mundo libre’ ya no son los comunistas o los socialistas, sino ahora son los terroristas y los musulmanes. Después del 2001, el odio racial y religioso se erigió como bandera política. En Estados Unidos y en todas las naciones donde tiene influencia, se endurecieron las políticas migratorias, se menguaron las libertades civiles y la invasión de la vida privada –el espionaje- se elevó a disposiciones constitucionales en aras de la famosa “Seguridad Nacional”.
Y no sólo la población musulmana se colocó en la mira de los ultranacionalistas, sino también los migrantes en general, pues pasaron de ser una “afectación” a las economías de los países capitalistas a ser una “amenaza” contra su seguridad nacional. México y los demás países latinoamericanos que generan un flujo masivo de migrantes hacia el Norte del continente son los terceros perjudicados. Las leyes de persecución y la intolerancia elevaron su mordacidad y la frontera con Estados Unidos se restringió aún más. Todo eso hizo que la vida de un migrante indocumentado se volviera más miserable.
Los estudiosos de la geopolítica coinciden: después del 11 de septiembre del 2001 el mundo no es mejor. El miedo reina en las sociedades adineradas y respuesta a ese temor son la intolerancia y las agresiones hacia el otro, el que es diferente de credo y de nacionalidad. Los pueblos tienden a cerrarse, los nacionalismos se disparan y la ultraderecha vive un auge sin precedentes. Ahí está la ruta peligrosa: la ultraderecha es la fase temprana del fascismo y el fascismo es sinónimo del extermino del otro, del que es diferente a nosotros.
EL PRIMER 11S
Pero tres décadas antes hubo un primer 11S. Fue en 1973 cuando se produjo el golpe de Estado en Chile. Cuando se derribó al Gobierno del presidente socialista Salvador Allende, ese mismo que durante una visita a México en diciembre del 1972 acuñó ante los universitarios, en Guadalajara, Jalisco, la frase ícono que hoy sigue resonando: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”. El 11S de Chile procreó la dictadura sangrienta del general Augusto Pinochet, la cual duró 17 años, hasta 1990.
Los historiadores le han llamado a ese período “los años de plomo”, pues en él, al menos hubo 2 mil 300 ejecutados por la milicia y la policía pinochetistas, mil 209 personas desaparecidas y 28 mil 259 víctimas de prisión política, tortura y exilio forzado, según el último reporte de la comisión encargada de documentar la violencia, emitido en el 2015. El Golpe de Estado en Chile y la dictadura militar, devinieron en un ícono de la guerra ideológica en el continente americano, un engranaje más de la Guerra Fría, que tuvo a la sociedad civil como víctima de las salvajes medidas para combatir el socialismo y el comunismo.
A 43 años de esos hechos, la herida no ha cerrado, pues todavía no se localizan a todas las víctimas de desaparición forzada ni tampoco ha sanado la sociedad chilena. Para México, el caso de Chile es referencia obligada en estos tiempos, aún cuando la comparación numérica es irrisoria. En Chile fueron 2 mil 300 personas asesinadas en 17 años y en México van más de 100 mil en diez años de la llamada “guerra contra las drogas”.
Los chilenos buscan a mil 209 desparecidos y los mexicanos hacen lo mismo, pero con 28 mil personas que fueron secuestradas por el crimen organizado o por la Policía. Tan sólo en Veracruz oficialmente hay unos 600 desaparecidos o sea, la mitad de todos los ausentes chilenos en casi dos décadas. Sin embargo, la tragedia también produce enseñanzas, rutas para superarla, y México debe aprender de ellas. En Chile hubo movimientos pioneros para documentar las violaciones a los Derechos Humanos y buscar a los ausentes.
Se crearon tres Comisiones de la Verdad para documentar lo sucedido, recuperar la identidad de los muertos y desaparecidos, además se excarvó la tierra buscando cadáveres o restos óseos y se impulsaron programas de estudio para formar a médicos forenses especializados en identificar los restos humanos. Hoy sus laboratorios y sus peritos forenses son referencia mundial. Los chilenos dieron pasos pioneros para reconstruir la memoria histórica y tratar de lograr la reconciliación de la sociedad.
Ensayaron, en la medida que se pudo –pues no hubo castigo para todos los responsables- la llamada Justicia Transicional. Eso es algo que México y Veracruz deberán hacer una vez que se apacigüe la violencia. Al igual que se hizo en Chile, los mexicanos tendrán que ponerse a buscas fosas clandestinas –ya iniciaron-, a echar mano de instrumentos científicos propios para identificar los restos y a impulsar leyes que castiguen a los responsables de esas muertes e inhumaciones ilegales. Tarde o temprano se tendrá que hacer, tendrá que hacerse el esfuerzo para dar paso a la justicia reparadora.
LA HISTERIA
En temas locales, el fin de semana la Iglesia Católica “mostró el músculo” en el país y en Veracruz, con las marchas realizadas para rechazar la propuesta de matrimonios igualitarios, -entre personas del mismo sexo-, una propuesta del Gobierno Federal. Fue la primera escaramuza contra el proyecto de Ley. Los grupos ultraconservadores y fundamentalistas rechazan que dos personas del mismo sexo puedan convivir bajo el amparo de la Ley. Es el medievo en pleno siglo XXI.
Y el conflicto subirá de tono. La jerarquía católica se prepara para ejercer una presión de tipo electoral para el 2017 y el 2018, cuando sea la renovación presidencial. Va a buscar tirar esa iniciativa a cambio de frenar una campaña de voto de castigo contra los que la apoyen, léase el PRI que la propone y partidos progresistas o de izquierda que la respaldan.
De parte de los defensores del matrimonio igualitario también hubo marchas para repudiar la injerencia del clero en asuntos públicos, e incluso algunas organizaciones de la comunidad homosexual en el puerto de Veracruz amenazaron con revelar la identidad de sacerdotes que han demandado servicio a sexoservidores. Es el contraataque. Están en la histeria total de un lado y de otro. Hay intolerancia en ambos sectores y la intolerancia, se ha dicho líneas arriba, conduce al fascismo.
¿Qué hacer en este caso? Permitir el debate público. Que se manifiesten los que quieran, las calles son de todos y las tribunas deben albergar todas las voces. Que los legisladores escuchen a ambas partes, y que voten en base a los principios del Estado laico y la protección de los derechos de los que son vulnerables, sea a la discriminación o sea al atropello abierto a sus garantías constitucionales. Los Diputados y Senadores no deben votar en base a creencias religiosas ni a intereses de grupo, sino para salvaguardar la ley que debe amparar a todos.
Hace tres años, Francia estuvo en efervescencia por una propuesta de Ley similar, llamada “Mariage pour tous” (Matrimonio para todos) que incluyó también la adopción de niños por parejas del mismo sexo. El país galo vivió días intensos desde finales del 2012, cuando se conoció la propuesta legislativa hasta después de mayo de 2013, cuando fue aprobada la Ley por la Asamblea Nacional y el Senado. En ese lapso, más de 3 millones de personas marcharon por las calles francesas, unos a favor y otros en contra.
Los obispos franceses se declararon abiertamente en contra del matrimonio igualitario y salieron a las calles a marchar. Es decir, no se escondieron ni enviaron esbirros como lo hacen los Obispos mexicanos. Se quitaron la máscara y ejercieron su libre expresión. Y hubo de todo. Los conservadores incluso llamaron a la “Guerra Civil” si se aprobaban los matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras que los defensores de la iniciativa pidieron que el Tribunal de la Haya juzgara a los religiosos por crímenes de odio contra la comunidad homosexual.
En la catedral de Notredame de París, un grupo de mujeres con los pechos desnudos irrumpió en una misa para celebrar la renuncia del papa Benedicto XVI, a quien acusaban de ser el principal sostén del rechazo al matrimonio igualitario en Francia. No faltaron las agresiones físicas directas. Al menos una docena de activistas fueron golpeados y las tensiones se intensificaron de uno y otro lado.
¿Qué sucedió al final? Los Diputados y Senadores franceses atendieron y escucharon a todos, y finalmente votaron con un sentido laico y republicano. Los matrimonios para todos fueron aprobados en mayo del 2013 y hoy siguen en plena vigencia. Las alcaldías cumplen con la Ley y casan a quienes reúnen los requisitos legales, independientemente del sexo. La efervescencia bajó. Es cierto, hay cierto resquemor de la Iglesia Católica y los ultraconservadores, pero se acata la legislación. Eso es el fruto de una democracia madura.
