AGENCIA
Nacional.- En el mundo del crimen organizado, la eliminación de un líder no solo implica un reacomodo de fuerzas al interior de un grupo, sino también una vinculación con el poder político y económico. Cuando el sistema de capos políticos decide, por consenso, eliminar a un jefe del trasiego de gasolina por aduanas mexicanas -uno que además financiaba campañas de senadores, gobernadores e incluso presidentes de la República Mexicana- no solo están ejecutando una decisión interna, sino alterando profundamente las estructuras del poder en múltiples niveles.
El jefe eliminado en San Pedro Garza, estado de Nuevo León, México, no era solo un operador logístico: Era un financiero del sistema. La gasolina ilegal, producto de una triangulación entre el mercado estadounidense y la debilidad institucional mexicana, le permitió no solo acumular recursos inmensos, sino colocarse como una figura indispensable en el financiamiento electoral mexicano. Su negocio era tan eficaz como invisible: Combustible barato, evasión fiscal y capital blanqueado que se invertía en campañas políticas.
El poder que tenía no era solo estructural, era institucional. El problema no fue su caída, sino la manera en que cayó: por consenso. Es decir, los capos políticos y gobernantes no se rebelaron contra una anomalía, sino contra un fenómeno que creció demasiado y ya no podía ser contenido ni controlado. Su red era tan amplia que comenzó a competir con el mismo sistema. Financiar a políticos le otorgó poder de veto, de decisión, de chantaje; máxime si, como se sabe, logró comunicarse con el mismísimo presidente de la nación, AMLO.
Tras su eliminación -a todas luces lógica, y si se utiliza el sentido común, elaborada como un magnicidio de Estado- el sistema se enfría. Nadie ocupa su lugar porque nadie tiene su combinación de visión, recursos y alianzas.
No se trataba solo de contrabandear gasolina, sino de crear un mercado paralelo que conectaba Texas con Tamaulipas, Arizona con Sonora, y que ponía en jaque al propio SAT y a la Secretaría de Hacienda. Además, su poder político le brindaba impunidad asegurada, con un escudo que lo hacía intocable.
Los que quedan saben que, al intentar llenar ese vacío, carecen de su legitimidad y, sobre todo, de su red de protección. Y aquí emerge el “pop, pop” de la figura de Arnold Rojas Tame, quien ya ha sido catalogado como “El Príncipe del Huachicol”.
Arnold Rojas Tame, empresario potosino, es yerno del anterior jefe de aduanas André Georges Foullon Van Lissum, general de división en retiro, cuyo nombramiento marcó la continuidad de la militarización de las aduanas, una estrategia impulsada por AMLO para controlar el contrabando y la evasión fiscal.
Aunque aparece Roberto Cantú Ramos como dueño del buque tanque detenido en el puerto de Tampico, se sabe que Rojas Tame es en realidad el propietario de los 10 millones de litros de huachicol fiscal. Es ya “El Príncipe del Huachicol”.
El nuevo encargado del sistema de andamiaje, operado en las sombras por “Andy” López Beltrán, representa los intereses y negocios del expresidente AMLO, su padre.
La empresa encargada de enviar el combustible es Ikon Fuels, con sede en Houston, Texas, registrada a nombre de Red Kenague, empresario CEO y persona interpuesta. Sin embargo, se ha señalado que la verdadera dueña es Caroline Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, otro de los hijos del expresidente.
Rafa Marín Mollinedo ha sido reincorporado por Claudia Sheinbaum a la dirección de aduanas. La primera vez estuvo apenas seis meses, vetado por AMLO al oponerse al huachicol. Ahora, con la presidenta en funciones y ante la presión de mantener relaciones positivas con EE. UU., regresa como una señal de política firme contra el contrabando.
El consenso mafioso-político se revela como un límite autoimpuesto por el sistema criminal. La mafia no busca caos, busca control. Y cuando el jefe se convierte en una amenaza al equilibrio -por mover demasiado dinero y acercarse al poder presidencial- es eliminado. Pero su ausencia no resulta funcional: El ecosistema que creó no puede sostenerse sin él.
El crimen político-institucional se debilita estructuralmente. Los flujos de dinero se entorpecen, los contactos políticos se enfrían, los acuerdos tácticos se disuelven. La organización sobrevive, pero su poder económico se reduce. Están desesperados: Los golpes al sistema financiero -asestados por el aparato de inteligencia de Omar García Harfuch, en sincronía con agencias de inteligencia estadounidenses- les están haciendo perder el control.
A corto plazo, el gobierno puede celebrar el debilitamiento de una red criminal. A largo plazo, enfrentará una realidad más compleja: un crimen reorganizado y menos centralizado es más difícil de rastrear sin ayuda internacional. El riesgo es que la fragmentación genere más violencia.
La gasolina ilegal vuelve a manos menos sofisticadas, más torpes, lo que aumenta el riesgo, reduce las ganancias y debilita el negocio, aunque no lo elimina. La demanda sigue, el vacío sigue. Solo alguien que controle el negocio de forma discreta, sin nexos políticos, podrá sostenerlo. Ese estilo -perfil bajo, operaciones pequeñas, múltiples células sin rostro- es el del “Príncipe del Huachicol”.
Mientras tanto, la delincuencia política persiste en la sombra: No firma órdenes, no gira instrucciones, no dicta sentencias… solo las murmura.
