NAYELI RÍOS
EL BUEN TONO
Fortín, Ver.– En medio de una creciente inconformidad ciudadana, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha comenzado a entregar constancias de “cuentas claras” a exfuncionarios y actuales autoridades municipales, pese a los múltiples señalamientos de corrupción que enfrentan. Versiones internas indican que dichas constancias se otorgan a cambio de moches, lo que genera fuertes cuestionamientos sobre la credibilidad del organismo encabezado por Delia González Cobos.
Entre los beneficiados se encuentra Gerardo Rosales Victoria, alcalde de Fortín, quien recientemente recibió una constancia que lo exime de irregularidades en ejercicios fiscales anteriores. Este hecho ha sido interpretado como una maniobra política para limpiar su imagen, actualmente deteriorada por el creciente rechazo de los fortinenses hacia su administración.
En ese contexto, Rosales ha recurrido a entrevistas a modo, organizadas por María Betsabé Cárdenas García, titular de Comunicación Social, con el propósito de mejorar su percepción pública. Dichas acciones buscan contrarrestar el descontento social derivado de un gobierno marcado por la falta de resultados, el favoritismo y el estancamiento en materia de obra pública.
Funcionarios de la actual administración revelaron que el ORFIS solicitó aportaciones económicas a cambio de las constancias, esquema que, aseguran, también se replica en otros municipios. Esta práctica, además de vulnerar la transparencia institucional, pone en evidencia el uso político del organismo encargado de revisar el manejo de los recursos públicos.
A la par, crece la expectativa ante la posibilidad de que Delia González Cobos exonere también a Leticia López Landero, expresidenta municipal de Córdoba, y declare que no existieron irregularidades durante su gobierno 2018–2021, pese a los señalamientos por desvíos y contratos inflados.
La actuación del ORFIS refleja un alarmante deterioro en su función fiscalizadora. Cada constancia entregada sin una revisión exhaustiva refuerza la percepción de complicidad institucional y confirma que la fiscalización en Veracruz se ha transformado en un instrumento político, más que en una verdadera herramienta de rendición de cuentas.
