AGENCIA
Ciudad de México.- En 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, el Gobierno federal expropió 27 ingenios azucareros que enfrentaban graves problemas financieros y mantenían millonarios adeudos. La medida fue presentada como una acción para proteger la producción de azúcar, el empleo y a los productores de caña.
La operación, sin embargo, generó fuertes cuestionamientos por el costo que representó para las finanzas públicas. En ese momento se reportaban deudas de los ingenios expropiados por alrededor de 17 mil millones de pesos, mientras que estimaciones posteriores señalaron costos adicionales derivados del saneamiento de las empresas.
El episodio fue comparado desde entonces con el Fobaproa y popularmente comenzó a hablarse de un “Fobazúcar”, debido a la posibilidad de que las obligaciones de empresas privadas terminaran siendo absorbidas por el Estado.
A diferencia del Fobaproa, que estuvo relacionado con el rescate del sistema bancario tras la crisis de 1994-1995, el caso azucarero correspondió a una intervención posterior y específica de la industria de los ingenios. No obstante, ambos procesos comparten una característica que ha generado críticas durante años: El uso de recursos públicos para enfrentar problemas financieros originados en el sector privado.
La expropiación tampoco significó el final del problema. El Gobierno tuvo que asumir la administración de los ingenios, enfrentar sus pasivos y posteriormente emprender procesos para su devolución o privatización.
A más de dos décadas de aquella decisión, el rescate de los ingenios continúa siendo motivo de debate sobre el costo que representó para los contribuyentes y sobre si los beneficios obtenidos justificaron que el Estado asumiera las consecuencias de la crisis financiera de empresas privadas.
