De la Redacción
El Buen Tono
Xalapa.- La inédita elección judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo generó dudas legales y críticas por la cercanía de los aspirantes con Morena. También dejó un saldo financiero desastroso en varios estados del país, afectando directamente a los organismos electorales locales, entre ellos, Veracruz.
Con un presupuesto recortado a más de la mitad por la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral (INE) se vio obligado a recurrir a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) para financiar la jornada del pasado 1 de junio. En total, más de 370 millones de pesos fueron requeridos por el INE a estos organismos, aún sabiendo que varios enfrentaban riesgos de operación y adeudos severos.
Entre los más afectados figura Veracruz, que hoy aparece en nivel de riesgo medio, según el “Informe sobre la situación presupuestal de los OPLEs” elaborado por el INE. De acuerdo con el reporte, la organización simultánea de las elecciones locales y la elección judicial federal provocaron un sobrecosto que impactó directamente en los recursos operativos del OPLE estatal.
Además, se destaca una deuda de 7.3 millones de pesos que el OPLE de Veracruz mantiene con el INE, derivado del uso forzado de recursos locales para tareas federales. A esto se suma la tardanza en los cómputos y el desgaste de la estructura electoral local, que operó bajo presión, sin recursos suficientes y con plantillas reducidas.
Otros estados en situación crítica son Yucatán y Zacatecas, ambos en nivel de riesgo alto. En Yucatán, el organismo local no tiene fondos para pagar su nómina en los últimos dos meses del año; en Zacatecas, el presupuesto alcanzó apenas hasta junio. La Ciudad de México y San Luis Potosí también figuran en la lista, con afectaciones que comprometen proyectos ciudadanos y servicios internos.
El caso de Veracruz es particularmente preocupante, pues coincidió con una etapa de transición gubernamental y con la necesidad de fortalecer los mecanismos democráticos a nivel local. Esto deja en claro que, al no contar con solvencia ni certeza presupuestal, se puso en riesgo la democracia veracruzana ante el debilitamiento institucional, retrasos en procesos, y pérdida de confianza ciudadana.
