Ayer en el seno del IFE se suscitó un empate respecto a la posposición del proyecto de resolución del Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña del Proceso Electoral 2012.
El diferimiento respondió a la solicitud de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano. A esta petición se sumó Javier Corral, consejero del Poder Legislativo del PAN. En el mismo tenor, los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa secundaron la propuesta.
El proyecto que no se pudo discutir ni votar, plantea la imposición de multas a los partidos políticos como consecuencia de diversas faltas de carácter formal y de fondo. El proyecto propone sanciones que ascienden a 394.3 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera: PRI 150.9 mdp; PRD 79.2 mdp; PVEM 52.4 mdp; PT 52.8 mdp; MC 50.6 mdp; PAN 5.5 mdp, y NA 2.6 mdp.
El empate que se verificó ante el desacuerdo por aplazar la discusión del dictamen, por parte de Marco Baños, MacaritaElizondo, Leonardo Valdés y el que esto escribe, genera varias consecuencias. La más relevante es que las faltas detectadas por la Unidad de Fiscalización siguen sin discutirse y eventualmente sancionarse por el Consejo General.
El dictamen contiene el resultado del despliegue de una de las facultades más importantes que tiene la autoridad electoral, la de fiscalizar el gasto de los recursos utilizados en las campañas. Dicha atribución deriva del artículo 41 constitucional, que refiere las facultades de revisión del origen y gasto de los partidos a través de un órgano técnico con autonomía de gestión y que no está limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
La fiscalización tiene elementos particulares que vale la pena recordar. Gracias a la reforma electoral reciente, la autoridad encargada de realizarla es la Unidad de Fiscalización y no una comisión que existía previamente, y en la que intervenían tres consejeros electorales.
Ahora la revisión de cuentas se realiza con fundamento en el nuevo reglamento de fiscalización aprobado por unanimidad en 2011. Para este ejercicio se contó con elementos de carácter técnico como el monitoreo electrónico de espectaculares y la verificación de 162 eventos de campaña de forma personal mediante el método de insaculación. El gasto total de las campañas fue de poco más de dos mil 604 mdp.
Cumpliendo con los plazos legales, desde octubre de 2012, se recibieron los informes de la candidata y los tres candidatos presidenciales. En todo momento los partidos tuvieron derecho de audiencia y se cumplieron con puntualidad los elementos básicos de los ejercicios de auditoria reconocidos en la contabilidad profesional.
BALANCE
La fiscalización tiene tiempos y consecuencias. De acuerdo con la ley, es indispensable que se conduzca con lealtad a plazos respetados por todos y con períodos de conclusión ajenos a las presiones del juego político. Debe ser un procedimiento expedito, eficaz, completo y exhaustivo.
El artículo 84 inciso f) del Código Electoral señala que cuando se presente el dictamen se procederá a imponer en su caso las sanciones. Por lo anterior, este asunto debía resolverse en el acto y no fue adecuada su posposición.
La definición de un tema tan trascendente para el sistema democrático como es la revisión de los gastos de campaña, no pudo concluirse por la existencia de un Consejo General sin uno de sus miembros, que por su formación actual de ocho consejeros, es proclive a los empates.
Un IFE incompleto es responsabilidad directa de la Cámara de Diputados que claramente ha faltado a sus deberes constitucionales, desacatando ya en dos ocasiones sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En tanto los diputados no cumplan su responsabilidad, el IFE continuará sufriendo la inmovilidad que generan los empates. Que lástima que así sea.
