El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este lunes la acusación formal contra dos empresarios de Texas, Ramón Rovirosa y Mario Ávila, quienes presuntamente pagaron sobornos por 150,000 dólares y entregaron artículos de lujo para asegurar contratos con la petrolera estatal mexicana Pemex.
Según la acusación revelada en el Distrito Sur de Texas, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021. Ambos, ciudadanos mexicanos y residentes permanentes legales en Estados Unidos, conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de Pemex y de su brazo de exploración y producción, Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEP).
Entre los artículos de lujo entregados se incluyen marcas reconocidas como Louis Vuitton y Hublot. Los sobornos habrían beneficiado a al menos tres funcionarios, quienes facilitaron contratos por un valor mínimo de 2.5 millones de dólares a empresas asociadas con Rovirosa.
El caso toma un giro preocupante debido a que Rovirosa, de 46 años, está vinculado además con miembros de cárteles mexicanos, informó el DOJ. Mientras Rovirosa ya fue procesado, Ávila, de 61 años, permanece en libertad.
Este escándalo se suma a la larga lista de casos de corrupción que han afectado a Pemex y al sector energético mexicano durante décadas. No es la primera vez que altos funcionarios de la empresa estatal enfrentan acusaciones, entre ellos el exdirector general Emilio Lozoya, quien ha involucrado en denuncias de corrupción a expresidentes y altos exfuncionarios.
Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió erradicar la corrupción en el país y en Pemex, la percepción internacional sobre la corrupción en México ha empeorado, reflejando la dificultad de combatir este problema estructural.
Rovirosa y Ávila enfrentan cargos por conspiración y múltiples violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una legislación estadounidense que prohíbe sobornos a funcionarios extranjeros para obtener negocios.
Pemex aún no ha emitido comentarios sobre el caso, y los abogados de los acusados no han sido localizados para ofrecer una postura.
Este nuevo capítulo confirma la urgencia de reforzar los mecanismos de transparencia y justicia en la industria petrolera mexicana para evitar que la corrupción siga socavando el desarrollo económico y la confianza pública.
