Agencias
Chicago, Illinois. – Una investigación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses ha revelado la existencia de una compleja red de tráfico de hidrocarburos, en la que empresas estadounidenses habrían participado activamente en el llamado huachicol fiscal, facilitando la entrada de crudo robado desde México para ser refinado, y luego devuelto como gasolina legal, eludiendo impuestos millonarios.
Entre las compañías involucradas se encuentran Arroyo Terminals, Big Hog Energy y Jentran, señaladas como parte del esquema que, según reportes de la Fiscalía estadounidense y la DEA, permitió el tránsito y lavado de dinero a gran escala a través del comercio de hidrocarburos. Las autoridades identifican como figura clave a James Jensen, empresario originario de Utah y dueño de Arroyo Terminals, cuya terminal en Río Hondo, Texas, almacenaba crudo ingresado desde México, muchas veces de manera ilegal.
El crudo ingresaba por puertos fronterizos entre Tamaulipas y Texas, tras ser extraído en México por redes criminales con la complicidad de funcionarios corruptos, y era enviado a Estados Unidos con documentación alterada. Una vez refinado, regresaba por aduanas mexicanas como gasolina legal, listo para su venta, sin haber pagado los impuestos correspondientes.
Entre 2022 y 2025, la red de Jensen recibió 2,881 cargamentos, generando ingresos por más de 300 millones de dólares, de los cuales al menos 47 millones habrían sido canalizados a grupos criminales en México. La investigación también vincula al Cártel de Sinaloa y a remanentes de Los Zetas, como parte de esta operación que no solo afecta las finanzas públicas, sino que refuerza el poder económico de organizaciones delictivas.
El informe de la DEA califica este esquema como una nueva modalidad de lavado de dinero transnacional, en la que el crudo robado a Pemex es convertido en ganancias legales mediante la colaboración empresarial y el uso fraudulento de aduanas. Las pesquisas han sido desarrolladas dentro del Operativo Muerte Líquida, implementado para frenar esta creciente modalidad de contrabando energético.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) y la FEMDO han documentado la existencia de una red de funcionarios y empresas privadas —como Grupo Jomadi Logistics & Cargo, Energy International LLC y Serv Energy LLC— involucradas en la operación. Las autoridades aseguran que la red comenzó a tejerse entre 2018 y 2024, periodo en el que diversas aduanas del país fueron infiltradas para permitir el paso del combustible robado.
El caso continúa en investigación tanto en México como en EE.UU., y se espera que en los próximos meses se emitan órdenes de aprehensión adicionales contra empresarios, funcionarios y posibles cómplices en ambos lados de la frontera.
