


AGENCIA
Nacional.- En lo que va de 2025, México ha registrado un promedio de 8 mil 606 desapariciones, lo que representa un incremento del 13 por ciento (%) respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La magnitud de este fenómeno equivale a 41 desapariciones diarias, un escenario que preocupa particularmente a los colectivos de búsqueda en estados como Veracruz, donde el problema se ha agudizado.
De acuerdo con el informe de Causa en Común, en los primeros diez meses del actual gobierno federal se acumulan ya 12 mil 85 personas desaparecidas y el hallazgo de 227 fosas clandestinas en distintas regiones del país. La organización advierte que, en al menos nueve estados, las desapariciones superaron a los asesinatos durante el primer semestre del año. La Ciudad de México reportó 1,111 personas desaparecidas frente a 464 homicidios; el Estado de México, mil 075 contra 894; y Tamaulipas, 201 frente a 127.
“Este contraste revela una tendencia preocupante. La violencia se manifiesta cada vez más en formas invisibles, sin cuerpos ni rastros, lo que dificulta la respuesta institucional y profundiza el dolor de las familias”, señaló la organización.
La renuncia reciente de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es interpretada por colectivos y especialistas como un síntoma del abandono que atraviesan las instituciones encargadas de enfrentar esta crisis. Según Causa en Común, el Sistema Nacional de Búsqueda opera sin dirección, recursos ni respaldo real por parte de las autoridades federales.
El informe subraya que no hay incrementos de personal ni presupuesto para fortalecer a las comisiones de búsqueda, ni políticas de memoria, prevención o protección de víctimas. Tampoco se atiende el rezago forense ni el debilitamiento de las fiscalías.
Entre sus propuestas, la organización plantea revertir la militarización de las tareas de búsqueda, reforzar policías, fiscalías y servicios periciales, además de fortalecer la Comisión de Atención a Víctimas. También sugiere un proceso transparente para designar al nuevo titular de la CNB y garantizar la participación de familias y colectivos a través de un consejo ciudadano fortalecido.

