Córdoba.- Ante las amenazas de las autoridades de Transporte Público de endurecer las sanciones a quienes violenten el cobro de la tarifa oficial autorizada, transportistas locales demandaron al Gobierno del Estado autorizar el incremento al costo al pasaje o subsidiar el diésel.

Y es que, a decir de las autoridades, de ahora en adelante, además de la multa correspondiente, la unidad será trasladada al corralón.

“Ni que fuéramos magos para poder subsistir con los constantes aumentos a los combustibles y lo caro que están las refacciones, pero con esa negativa el Gobierno sólo provoca que muchos de los choferes vean dónde comprar robado”, dice un trabajador del volante.

   Lamentó que el Gobierno no se esté dando cuenta que pierden más ellos al no estar subsidiando el precio del combustible al transporte público, “porque 

entonces se lo siguen robando, el decir que no autoriza sigue generando violencia. En vez de estar incrementando los precios del diésel que afecta a los que menos tienen, deben subsidiarlo, porque también sino lo hacen deben sobrevivir comprando huachicol”. 

“Ellos mismos son generadores de violencia, siga el huachicol, provocan que haya bandas y crimen organizado, porque ya no sólo se dedicarán a robar combustible, sino también llantas y hasta cometer homicidios”, apuntó.

 Le recordó a la ciudadanía que el urbanero no le puede poner el precio al boleto, porque eso lo fija el 

Gobierno, “pero ellos sí le suben al diésel y eso sí, si uno les exige se molestan y hasta te andan quitando el carro”. 

Y es que desde el año anterior, los transportistas han registrado pérdidas por el constante aumento a los combustibles, por lo que algunos aplican el cobro de la tarifa única durante los períodos vacacionales, es decir, en esos días cobran nueve pesos a la ciudadanía en general, siendo que regularmente, ese cobro es entero y siete pesos a personas de la tercera edad y estudiantes.

Dicha situación ha generado molestia entre los usuarios, algunos llegando a interponer su queja ante la Coordinación Regional de Transporte Público.

Por su parte, autoridades de Transporte Público han dado a conocer que sí se han realizado operativos para detectar dicha situación, incluso se ha procedido, se conoció que al menos en los primeros días de enero se llegaron a aplicar alrededor de cinco multas por alterar la tarifa de transporte sin autorización del Gobierno del Estado, misma que asciende a los mil 500 pesos.