Efraín Hernández
El Buen Tono
Región.- En un acto que representa una burla para los veracruzanos, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), encabezado por la auditora general Delia González Cobos, entregó cartas de liberación de deuda pública a decenas de ayuntamientos, incluidos algunos liderados por personajes marcados por la corrupción, el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito.
El documento, que debería ser un reconocimiento a una administración limpia y eficiente, fue otorgado incluso a gobiernos señalados por malversar fondos y operar en la opacidad. Todo indica que estas constancias fueron facilitadas mediante acuerdos oscuros y el pago de moches por parte de varios alcaldes, con la complacencia del ORFIS.
Entre los casos más indignantes se encuentra Fortín, gobernado por el maestro de la corrupción Gerardo Rosales Victoria, quien ha sido denunciado en múltiples ocasiones por el manejo turbio de los recursos municipales, desvíos millonarios y obras fantasmas.
Lo que agrava aún más el insulto es que su administración fue una de las que recibió la constancia de “liberación”, a pesar de que en noviembre de 2024 contrató un nuevo financiamiento por más de 10.8 millones de pesos, con vencimiento a 2025 y una tasa de interés del 11 por ciento, comprometiendo aún más las finanzas públicas.
Esta administración reconoció una deuda heredada superior a los 14 millones de pesos, incluyendo pasivos con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), laudos laborales, adeudos por alumbrado público y telefonía, de los cuales en 2023 se mantenían vigentes más de 7 millones de pesos. A ello se suman compromisos de 2020 que incluían más de 1.8 millones de pesos con el IPE por cuotas no cubiertas desde 2017 y un cúmulo de irregularidades dejadas por gestiones anteriores como la de Armel Cid de León y Antonio Mansur.
A pesar de este historial, el ORFIS decidió premiar con una constancia a esta administración, borrando de un plumazo más de una década de endeudamiento, negligencia financiera y opacidad.
También destaca el municipio de Río Blanco, donde Ricardo Pérez García ha sido señalado por manejos irregulares del presupuesto, nepotismo y enriquecimiento personal.
En Rafael Delgado, Alejandra Ortiz Enríquez arrastra acusaciones por opacidad financiera, mientras que en Ixhuatlán del Café, Dora Angélica Galicia Contreras ha sido exhibida por beneficiar a empresas cercanas y desviar recursos etiquetados.
La complicidad del ORFIS quedó evidenciada con esta entrega masiva de constancias, en la que participaron también municipios como Acajete, Acayucan, Apazapan, Ángel R. Cabada, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Castillo de Teayo, Catemaco, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Coatzacoalcos, Coetzala, Comapa, Coxquihui, Cuitláhuac, Emiliano Zapata, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Sureste e Ixtaczoquitlán.
El otorgamiento de estas cartas en manos del ORFIS, lejos de fortalecer la confianza ciudadana, confirma que la corrupción sigue operando desde las estructuras de fiscalización. Lejos de castigar a los responsables del saqueo, los encubren y les otorgan medallas, convirtiendo un acto técnico en una vergonzosa validación de la impunidad.
