México está atorado, con la palanca de velocidades atascada y el conductor mirando en el retrovisor el promisorio futuro de reformas que podrían quedar a
sus espaldas.
El bache es mucho más profundo de lo que en principio se pensó, pero luego la incapacidad y la falta de destreza en la conducción agravan los daños desde la tragedia de Ayotzinapa.
Ahora la marcha del país está averiada y los pasajeros no confían en que haya algún liderazgo político o partido que ofrezca hoy una salida a la suma de crisis de seguridad, derechos humanos y de justicia que abrió
el caso Iguala.
Peor aún, gobierno y partidos parecen hacer lo posible para cancelar cualquier posibilidad de salir de la crisis.
El liderazgo de Peña Nieto, con el impulso que dio a reformas atrapadas por años en el rejuego político, se desmoronó en semanas por la falta de respuesta ante la crisis y la protesta
en la calle.
La fuerza que había ganado su Presidencia con acciones audaces para desanudar el bloqueo con el Congreso, rápidamente se debilitó porque –como reconoció su jefe de gabinete, Aurelio Nuño— “no vimos la dimensión
del problema”.
Ahora incluso los legisladores se van de vacaciones sin atender su plan anticrimen y los desacuerdos están de regreso para frenar en el Congreso iniciativas tan sensibles como las anticorrupción, cuando los escándalos sobre el uso de los cargos públicos para el enriquecimiento personal están en el centro del enojo y reclamo de justicia de las manifestaciones.
Lo más grave es que la clase política no sólo yerra en sus respuestas, sino que además —y quizá como parte del origen de sus equivocaciones— tampoco escucha ni la profundidad ni la gravedad del descontento y el hartazgo de la calle, que ya arrastra a las instituciones.
Tan sólo entre abril y diciembre, según una encuesta del periódico Reforma, las que tienen más credibilidad han caído 13 puntos —como es el caso del Ejército—, 12 puntos en el caso de la CNDH y 11 en el caso del INE; de igual forma el que ha descendido 13 posiciones es el respaldo a Peña Nieto.
Pero la falta de reflejos e inexperiencia del gobierno no explica por completo la situación de especie de Estado a la deriva que hay en el país, y que ahora amenaza con el naufragio de las reformas para reactivar
la economía.
Las respuestas de la clase política, desde el Presidente hasta el último alcalde, son causa del deterioro de la confianza porque nadie asume responsabilidad política en la crisis; por la lógica de culpar al otro para trasladar costos políticos de los problemas, por ejemplo electorales, incluso hasta plantear cancelar las elecciones
en Guerrero.
Porque los pronósticos son desfavorables al PRD; intimidar con el señuelo de los intereses desestabilizadores o desestimar demandas cuando reclaman responsabilidad como si se tratara de “bravuconadas”; y hasta advertir desesperación por el peligro de que se “manipule” a las víctimas.
En fin, pareciera que la clase política buscara declarar al país averiado como pérdida total como si fuera más rentable, como con el seguro de los automóviles.
Cómo explicar si no el fracaso de la negociación para el paquete anticorrupción, mientras se suceden escándalos sobre casas adquiridas al amparo de la influencia del poder público y conflictos de intereses de la casa de las Lomas de la pareja presidencial, y ahora otro que salpica al secretario de Hacienda con la misma constructora.
La comisión anticorrupción fue promesa de Peña Nieto desde la campaña; luego se propuso una fiscalía o un zar anticorrupción y recientemente el PAN un sistema nacional anticorrupción, pero nada de esto se concreta a pesar de que el propia Nuño admitiera que entre los errores del gobierno en la actual crisis está no haber puesto como prioridad los temas de justicia y Estado de derecho.
¿Y dónde se ubica la corrupción si no en la ausencia de leyes, abuso de poder e impunidad, el núcleo del que salen casi todos los males del país? Aun así la negociación reventó porque el PRI y el gobierno pretenden que el consejo que vigile el combate a la corrupción lo presida el Presidente, como juez y parte del problema.
También elimina medidas como la extinción de dominio en los bienes adquiridos por corrupción para inhibir el abuso de influencia o la colusión
de intereses.
Por paradójico que parezca, ni el impacto sobre las preferencias electorales en las encuestas ha hecho esta vez que los partidos escuchen el clamor contra la corrupción de todos.
Con ello se refuerza la sensación de que, antes de que cualquier otra cosa, la élite ha decidido que sólo puede sobrevivir blindada contra las demandas ciudadanas.
*Analista político
Twitter: @jbuendiah
jbuendia@gimm.com.mx
