Córdoba.- Nueve de cada 10 expedientes que la ASF envió a las contralorías estatales para aplicar sanciones administrativas contra funcionarios, quedaron en la impunidad.
En un extenso reporte de 2 mil 591 páginas, la Auditoría detalla caso por caso las respuestas que dan los estados a las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para quienes cometen irregularidades en el manejo de fondos federales, o sea el dinero de los mexicanos.
Con corte al 31 de marzo, los expedientes que tienen “resolución definitiva” por parte de las contralorías locales. suman 750, los cuales corresponden a observaciones a las cuentas públicas del 2008 al 2011.
De esos casos, en 678 los estados determinaron que no había castigo que aplicar por diferentes razones.
Argumentaron entre ellas: evidencias insuficientes, sin anomalías, que era improcedente la petición de la Auditoría y que, aunque sí había irregularidades, ya había prescrito el plazo legal para sancionar.
Otros motivos invocados fueron que se habían reintegrado los recursos (aunque sin especificar de dónde los habían obtenido) o que hubo incumplimiento a la ley, aunque no dolo ni mala fe.
En sólo 48 casos, la sanción determinada fue una amonestación pública o privada.
Solamente 24 expedientes concluyeron con la inhabilitación de funcionarios; 22 de ellos son de Guerrero por la cuenta pública del 2009.
Los ejemplos de cómo los estados protegen a sus funcionarios sobran.
El Estado de México pagó indebidamente a 5 mil 848 trabajadores de la educación, de los cuales 973 estuvieron comisionados al sindicato sinrazón legal y otros 4 mil 875 estaban adscritos como “personal homologado”.
Sin embargo, la entidad respondió que no existían elementos para iniciar procedimiento de sanción alguno y que, además, había prescrito el tiempo para un eventual castigo.
Otro ejemplo: funcionarios de Veracruz adjudicaron directamente, sin justificación legal, tres contratos en el Puente Coatzacoalcos I, por un monto total de 87.4 millones de pesos.
La Contraloría local respondió a la ASF que sobreseyó el expediente al no haberse acreditado probable responsabilidad administrativa en el resultado.
agencias
