De la Redacción
El Buen Tono
REGIÓN.- El levantón y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, el 2 de junio de 2026 en Nanchital, expone las grietas del sistema de protección a comunicadores.
El hecho es que José del Carmen Cadena Escayola, “Delta 7”, miembro de un grupo delictivo, quien participó en el secuestro, es el reflejo de cómo la delincuencia ha permeado todos los niveles de la vida pública, sin que las instituciones encargadas de velar por la seguridad de “los periodistas” hayan podido contener el avance. “Delta 7” tenía acceso a información que le permitió coordinar un secuestro de alto impacto. Su detención, el 25 de junio de 2026 en Coatzacoalcos por elementos de la Semar en coordinación con la Fiscalía de Veracruz, dio como resultado la ubicación de los restos de Roxana, quien además de ejercer como periodista también era vinculada a grupos criminales contrarios al “Delta 7”. La falta de pronunciamiento, por parte de la CEAPP, deja a la opinión pública en el limbo informativo, evidenciando la ausencia de un protocolo efectivo de protección a periodistas o quienes en el caso de Roxana utilizan ese mecanismo para burlar la ley sin tener consecuencias legales, lo que obliga a grupos rivales a tomar acciones para defender su plaza.
Cadena Escayola fue identificado por los tatuajes en su mano derecha, que coincidían con las imágenes del video del levantón, grabado por familiares de Roxana Guzmán. Tras su aprehensión, señaló a las autoridades el punto donde fue privada de la vida la comunicadora, un rancho en Moloacán donde de manera extraoficial trascendió el hallazgo de un cuerpo con características correspondientes a las de la periodista.
En un operativo paralelo, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro detuvo a cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste por su posible relación con los hechos. Este operativo confirma la penetración de grupos delictivos en las policías municipales, un fenómeno que las instituciones federales encargadas de la seguridad han sido incapaces de erradicar, tan solo basta ver en Córdoba, donde quien encabeza la seguridad municipal y tránsito municipal están señalados de tener vínculos con La Barredora y hasta este día no han presentado exámenes de control de confianza.
El grupo delictivo se ha expandido, con presencia en municipios como Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán. Lo más preocupante no es solo su crecimiento territorial, sino la falta de mecanismos efectivos para detenerlo.
La CEAPP, como organismo estatal encargado de la protección a periodistas, y la FGR, como entidad federal que atrajo el caso el 12 de junio de 2026, han sido cuestionadas por su incapacidad para prevenir estos crímenes o para garantizar justicia pronta y expedita. La atracción del caso por parte de la FGR, aunque necesaria, es un reconocimiento implícito de que los protocolos de la CEAPP no han funcionado.
Ante esta situación, es imperativo que la CEAPP y la FGR rindan cuentas sobre las fallas en sus sistemas de protección e investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso es atendido por el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, lo que representa una oportunidad para esclarecer no solo el asesinato de Roxana Guzmán, sino también para revisar los protocolos que han dejado expuestos a periodistas y comunicadores en México.
ES NECESARIO QUE SE IMPLEMENTEN MEDIDAS CONCRETAS:
1. Una auditoría a los protocolos de la CEAPP para determinar por qué no se brindó la protección adecuada a Roxana Guzmán y, en su defecto, se denunció su participación con grupos de la delincuencia organizada.
2. La revisión de los mecanismos de coordinación entre CEAPP, FGR para garantizar que los casos de agravio a periodistas sean atendidos con celeridad y transparencia y, en su defecto, se informe a la ciudadanía cuando periodistas esté involucrados con el crimen organizado.
3. La creación de un registro público de las acciones de protección a periodistas que permita evaluar la efectividad de las instituciones.
4. Un mecanismo de rendición de cuentas para la FGR, sobre el avance de las investigaciones en casos de alto impacto como el de Roxana Guzmán y todas sus líneas de investigación.
