De la redacción
El Buen Tono
El gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente su responsabilidad en la colisión en pleno vuelo entre un helicóptero militar y un avión comercial ocurrida a las afueras de Washington, un accidente que dejó 67 personas muertas a inicios de este año y que se convirtió en uno de los más mortíferos de la aviación comercial del país en décadas.
La admisión quedó plasmada en un documento judicial de 209 páginas presentado por el Departamento de Justicia, como parte de una demanda civil interpuesta por familiares de una de las víctimas. En el escrito, al que tuvo acceso la AFP, el gobierno aceptó que tenía un deber de cuidado hacia los pasajeros y que este fue incumplido, lo que derivó de manera directa en el trágico accidente.
El choque ocurrió el 29 de enero, cuando un avión de American Eagle procedente de Wichita, Kansas, se aproximaba a la pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. En ese momento, un helicóptero militar Black Hawk del Ejército estadounidense impactó a la aeronave, provocando que ambas cayeran al río Potomac.
En los documentos judiciales, las autoridades reconocieron que los pilotos del helicóptero no mantuvieron la vigilancia necesaria para detectar y evitar otras aeronaves, señalando esta omisión como una causa directa del accidente. Además, se mencionaron fallas atribuibles a un controlador aéreo del aeropuerto, quien no habría cumplido con las regulaciones federales establecidas.
El gobierno también admitió que, aunque los riesgos de una colisión aérea no pueden eliminarse por completo en el espacio aéreo cercano al aeropuerto Reagan, existieron deficiencias en los protocolos de seguridad que contribuyeron al desastre.
Investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) apuntaron a instrumentos defectuosos y problemas de comunicación como factores relevantes en el accidente. La indagatoria completa sigue en curso y el informe final aún no ha sido presentado, ya que este tipo de investigaciones puede extenderse hasta por un año.
Tras el siniestro, la Administración Federal de Aviación (FAA) implementó cambios en los procedimientos de control del espacio aéreo alrededor del aeropuerto, incluyendo la eliminación de rutas compartidas entre helicópteros y aviones comerciales, así como la exigencia de sistemas ADS-B para mejorar la vigilancia y separación de aeronaves.
El caso ha abierto un debate profundo sobre la seguridad aérea en espacios congestionados y podría derivar en nuevas responsabilidades legales y ajustes regulatorios en la aviación civil y militar de Estados Unidos.
