Agencias
Ciudad de México.– El gobierno de Estados Unidos habría revocado la visa de turista a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras ordenar la suspensión de excavaciones en una fosa clandestina ubicada en el Cañón de las Carretas, en Tijuana. Así lo reveló el semanario Zeta, citando fuentes del Departamento de Estado.
De acuerdo con el medio, la decisión fue tomada luego de que autoridades estadounidenses confirmaran que la fosa, relacionada con actividades del crimen organizado, contenía múltiples restos humanos. Washington habría interpretado el freno a las excavaciones como una obstrucción a investigaciones en curso sobre delincuencia transnacional.
La revocación de la visa fue notificada directamente a la mandataria por el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, en un gesto de respeto institucional para evitarle un momento incómodo en la frontera.
También retiran visa a su esposo, investigado por lavado y huachicoleo
Simultáneamente, el esposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, también fue despojado de su visa de no migrante, además de su tarjeta de Viajero Confiable (SENTRI), tras una alerta emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La cancelación fue ejecutada cuando Torres intentó cruzar la frontera por la garita de San Ysidro. El funcionario fue remitido a una inspección secundaria, donde se le informó que su visa sería destruida ahí mismo. Aunque él aseguró en redes sociales que fue notificado por autoridades consulares, Zeta sostiene que la visa fue retirada directamente por oficiales fronterizos.
Carlos Torres enfrenta una investigación en EE.UU. por presuntos delitos de lavado de dinero y conspiración, y en México es investigado por la Fiscalía General de la República por presunto huachicoleo, evasión fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, en hechos que involucran el hallazgo de aproximadamente 8 millones de litros de diésel robado en contenedores localizados en un predio de Ensenada.
Vinculan a políticos locales en red de corrupción
El semanario refiere que el hermano de Torres, Luis Alfonso Torres, también está siendo investigado por las autoridades mexicanas, mientras que en un testimonio recabado por la FGR se señala que varios actores políticos del estado —incluido el exalcalde de Ensenada y actual senador Armando Ayala Robles—, estarían implicados en una red de protección que favorecía actos de corrupción y amenazas contra quienes intentaban denunciar.
“Nos hacen creer que tienen control incluso sobre autoridades federales, pero el reciente hallazgo del predio de huachicol demuestra lo contrario. Queremos denunciar estos actos porque ya no queremos ser cómplices forzados de su corrupción”, indica uno de los testimonios citados por Zeta.
Hasta ahora, ni la gobernadora ni su esposo han ofrecido declaraciones oficiales respecto a las investigaciones o la revocación de sus documentos migratorios.
