De la redacción
El Buen Tono
Una acusación presentada en un tribunal federal de Nueva York sacudió el panorama político mexicano luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios fueran señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El expediente fue presentado el pasado 29 de abril de 2026 por fiscales del distrito sur de Nueva York, la misma jurisdicción que procesó a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Entre los acusados también aparecen un senador, el alcalde de Culiacán, un vicefiscal y otros funcionarios ligados a administraciones de Morena.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalados habrían colaborado con una facción del crimen organizado conocida como “Los Chapitos” para facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de brindar presunta protección política y operativa.
Los cargos incluyen conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con armamento, delitos que podrían alcanzar penas de hasta cadena perpetua.
Uno de los puntos que más impacto generó fue la acusación de que operadores del crimen organizado habrían intervenido en las elecciones de Sinaloa en 2021 para favorecer a Rocha Moya mediante intimidación, robo de urnas y amenazas contra adversarios políticos.
Según el expediente, tras asumir el poder se habrían colocado funcionarios presuntamente alineados con intereses criminales en áreas estratégicas de seguridad y procuración de justicia para garantizar operaciones con impunidad.
El caso también revivió declaraciones realizadas por Rocha Moya durante su campaña electoral, cuando habló sobre la necesidad de encontrar formas de coordinación con grupos criminales, comentarios que ahora han vuelto al centro del debate político.
La acusación surge en medio del endurecimiento de la política de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, cuya administración ha reiterado que actuará contra redes del crimen organizado fuera de Estados Unidos.
Hasta el momento, se trata de una acusación formal presentada ante un tribunal estadounidense y no de una sentencia condenatoria. Sin embargo, el caso ya provocó reacciones dentro y fuera de México y amenaza con aumentar la tensión política y diplomática entre ambos países.
