AGENCIA
Washington/Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) calificó como “víctimas” a las empresas armamentistas estadounidenses que vendieron armas a intermediarios vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), tras descubrirse que los compradores actuaban como testaferros del crimen organizado. La postura se da en un momento crucial, a la espera de que la Suprema Corte de EU decida si procede la demanda civil interpuesta por el gobierno mexicano contra dicha industria.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aseguró que las empresas fueron engañadas con declaraciones falsas por parte de los operadores del CDN, lo que impidió detectar los nexos criminales de los compradores. Según el comunicado, algunos de los armamentos adquiridos fueron posteriormente utilizados en actos violentos y ataques que califican como actos terroristas.
Sanciones contra operadores del cártel
El Tesoro estadounidense también impuso sanciones a dos altos miembros del Cártel del Noreste:
Miguel Ángel de Anda Ledezma, con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, coordinaba la adquisición y entrega de armas al CDN y supervisaba los pagos a facilitadores en Estados Unidos.
Ricardo González Sauceda, detenido en México el pasado 3 de febrero, fungía como segundo al mando del cártel y se benefició directamente del tráfico de armamento, así como de operaciones de narcotráfico y ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas.
Ambos fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas por la OFAC, lo que implica el congelamiento de bienes y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses.
Implicaciones en la demanda de México
La declaración del Tesoro surge en el contexto de la demanda del gobierno mexicano, presentada en 2021, en la que se acusa a las empresas de negligencia por no ejercer controles suficientes sobre la distribución de armas. Según México, esta omisión ha contribuido directamente al aumento de la violencia armada en el país.
Sin embargo, al considerar a las compañías como víctimas, el gobierno de Estados Unidos podría estar sentando una base legal para debilitar la demanda mexicana ante su propia Suprema Corte.
74% de las armas en México provienen de EU
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el 74 por ciento (%) de las armas decomisadas en México entre 2017 y 2021 tienen origen en Estados Unidos, particularmente en los estados fronterizos de Texas, Arizona, Nuevo México y California. Este dato ha sido calificado como “muy relevante” por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien considera necesario revisar el flujo de armas hacia territorio mexicano.
El pasado 20 de febrero, Estados Unidos designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que amplía el margen legal para intervenir en las rutas del armamento, incluso si los proveedores alegan desconocimiento de su destino final.
La batalla legal entre México y las empresas armamentistas continúa en un entorno marcado por la violencia transnacional, la presión política y la disputa sobre la responsabilidad compartida.
