De la redacción
El Buen Tono
El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la empresa estatal de petróleo y gas de Cuba, la Unión Cuba Petróleo (CUPET), en una decisión que ha generado advertencias sobre un posible agravamiento de la crisis energética en la isla y un mayor impacto en la población vulnerable.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que activos clave de la compañía fueron “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años” y acusó al gobierno cubano de utilizar la energía como herramienta de control.
En sus declaraciones, Rubio sostuvo que mientras la población enfrenta escasez de combustible y apagones, los recursos energéticos han sido mal administrados. También señaló, sin presentar pruebas, que funcionarios cubanos revenderían combustible en mercados secundarios y priorizarían el suministro a fuerzas militares y de seguridad.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó estas acusaciones a través de la red social X, donde calificó las declaraciones como parte de una ofensiva política destinada a endurecer el cerco económico contra la isla.
El anuncio se suma a una serie de medidas recientes impulsadas por Washington, que también incluyen sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otras instituciones del gobierno.
De acuerdo con especialistas en temas cubanos, la decisión podría intensificar el bloqueo sobre el sector energético. El académico William LeoGrande advirtió que la política actual busca limitar el ingreso de petróleo a la isla, lo que podría profundizar la crisis económica y generar efectos humanitarios.
Otros analistas han alertado que la medida podría afectar la distribución de combustible y complicar aún más la situación de abastecimiento, en un contexto donde las ventas de CUPET al público ya son prácticamente inexistentes y el racionamiento es constante.
Desde el sector económico, el director del Cuba Study Group, Ricardo Herrero, cuestionó el impacto de la decisión en el suministro de combustibles, señalando que podría dificultar incluso las operaciones de importadores privados y agravar la situación logística en la isla.
El gobierno cubano ha sostenido en repetidas ocasiones que las sanciones buscan debilitar su economía y presionar un cambio de modelo político, mientras Washington afirma que su objetivo es promover mayor libertad y reformas estructurales.
El anuncio ocurre en medio de una política más amplia impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha mantenido una postura de presión hacia La Habana, incluyendo amenazas de nuevas medidas económicas y comerciales.
La tensión bilateral se mantiene en aumento, mientras persisten los apagones y la escasez de energía en Cuba, en un escenario que diversos expertos consideran cada vez más crítico para la estabilidad de la isla.
