Agencias
EU.- Estados Unidos prepara una nueva escalada en su estrategia contra el narcotráfico, al ordenar a sus 93 fiscales federales triplicar las acusaciones contra funcionarios presuntamente ligados a redes criminales, de acuerdo con un reporte de The New York Times. La medida surge tras la entrega de exfuncionarios mexicanos como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, señalados por supuestos vínculos con estructuras del crimen organizado en Sinaloa.
La nueva directiva, impulsada por el vicefiscal Aakash Singh, instruye a endurecer las acciones legales contra funcionarios acusados de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, incluso bajo cargos relacionados con apoyo a organizaciones consideradas terroristas por Washington. En la llamada con fiscales federales, Singh habría enfatizado una postura agresiva: aumentar las imputaciones y exhibir redes de corrupción sin importar el impacto político.
El informe señala que esta estrategia forma parte de una línea más dura impulsada desde la administración estadounidense, tras la designación de cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas. Bajo este enfoque, autoridades de EU buscan ampliar el alcance de las investigaciones a políticos, exfuncionarios y operadores vinculados al trasiego de drogas.
Aunque el Departamento de Justicia no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los casos más recientes, funcionarios como el jefe de la DEA, Terrance C. Cole, han reiterado que los responsables de facilitar el narcotráfico “son igualmente responsables de la muerte y destrucción” provocada por el ingreso de drogas a Estados Unidos.
El caso podría abrir la puerta a una nueva ola de procesos judiciales internacionales, con un enfoque más directo hacia actores políticos mexicanos presuntamente involucrados en la red del narcotráfico.
