AGENCIAS
Ciudad de México.- Un exauxiliar de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) fue sentenciado a tres años de prisión tras declararse culpable del delito de uso de documento público falso, luego de presentar un título de licenciatura y una cédula profesional apócrifos.
La FGR informó que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México dictó sentencia contra Carlos Eleazar Lomas Manjarrez, quien se desempeñaba como auxiliar “A” de la PFM.
Aunque la condena es de tres años de prisión, Lomas Manjarrez no ingresará a un centro penitenciario, debido a que el juez le concedió el beneficio de la condena condicional, contemplado en el Código Penal Federal para determinados casos en los que la pena impuesta no excede los cuatro años.
Además, la autoridad judicial determinó una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.
Presentó documentos que no tenían validez
Según los antecedentes del caso, en noviembre de 2025, cuando todavía laboraba como auxiliar “A” de la PFM, Lomas Manjarrez presentó ante el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la FGR una cédula profesional y una copia de un título de licenciatura.
Durante las investigaciones, la Fiscalía verificó la autenticidad de ambos documentos. La institución educativa señalada como emisora confirmó que el título no había sido expedido por ella, mientras que la Secretaría de Educación Pública informó que no existía registro de la cédula profesional presentada.
Con estos elementos, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos llevó el caso ante la autoridad judicial y obtuvo la sentencia correspondiente.
Aceptó su responsabilidad mediante procedimiento abreviado
Lomas Manjarrez fue imputado y procesado por el uso de documentación pública falsa. Posteriormente, aceptó su responsabilidad y se acogió a un procedimiento abreviado, mecanismo contemplado en la legislación penal que permite resolver un proceso sin llegar a la etapa de juicio oral cuando el acusado reconoce los hechos y se cumplen los requisitos legales.
En este caso, el procedimiento derivó en una sentencia de tres años de prisión, además del beneficio de condena condicional concedido por el juez.
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