Este fin de semana, un total de 17 familiares de Joaquín Guzmán, entre ellos su exesposa Griselda López Pérez —madre de Ovidio Guzmán—, se entregaron de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses. El grupo se presentó ante agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el puerto fronterizo de San Isidro, en Tijuana, cargando dos maletas por persona y un total de 70 mil dólares, según reportó el periodista Luis Chaparro.
Entre los miembros del grupo se encontraba una hija, un nieto y varios sobrinos de Guzmán. Chaparro difundió imágenes en las que presuntamente se ve al grupo esperando cruzar hacia territorio estadounidense.
Esta entrega ocurre semanas antes de que Ovidio Guzmán enfrente una audiencia clave en Chicago, donde, de acuerdo con documentos judiciales, se declarará culpable de varios cargos ante una jueza federal. El acuerdo alcanzado con las autoridades contempla una posible reducción de pena, y no se descarta que implique futuras colaboraciones judiciales.
Desde la extradición de Joaquín Guzmán en 2017, las autoridades de Estados Unidos han incrementado sus esfuerzos por debilitar la estructura familiar y operativa vinculada al crimen organizado. La reciente decisión de estos 17 familiares de entregarse voluntariamente podría representar un giro estratégico, ya sea en busca de cooperación judicial, protección o negociación de beneficios legales.
Con esta acción, se profundiza el proceso de desmantelamiento de una red que durante años ha sido señalada por su influencia y operaciones transnacionales, abriendo la puerta a nuevas revelaciones y posibles implicaciones legales para otros involucrados.
