De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La exigencia de destituciones en la Policía Vial y Municipal escaló el martes 5 de mayo, luego de que representantes de derechos humanos señalaron una cadena de abusos, detenciones arbitrarias y omisiones al interior de las corporaciones de seguridad en Orizaba. El llamado fue directo, pues piden la salida del coordinador vial, César Ignacio Paz Casillas, y del inspector municipal, Jesús Ignacio Villalobos Santos.
Ángel García Gómez, representante de Derechos Humanos de la Capellanía Armada Mundial de Paz en México, sostuvo que ambos mandos han fallado en su responsabilidad de garantizar un actuar legal y ético de los elementos.
“No tienen tantita ética profesional para enseñarles lo que es ser policía”, acusó, al tiempo que señaló un hartazgo social creciente por los constantes señalamientos de abuso de autoridad.
Las críticas no sólo apuntaron a la actuación en calle, sino también a la ausencia institucional.
En el caso del inspector Villalobos Santos, denunció que “nunca está en la corporación”, cuestionando que se mantenga en el cargo pese a no ejercer funciones visibles. Para los denunciantes, esto representa no solo ineficiencia, sino un uso injustificado de recursos públicos.
El trasfondo conecta con las denuncias recientes sobre retenes ilegales, donde ciudadanos aseguraron haber sido detenidos, golpeados y despojados de sus derechos sin fundamento legal. García Gómez advirtió que estas prácticas no sólo evidencian abuso, sino una invasión de funciones, particularmente de la Policía Vial, que -señaló- estaría actuando fuera de sus atribuciones.
“Se están violando garantías individuales tanto por la Policía Municipal como por la Policía Vial”, enfatizó, subrayando que la situación ha dejado de ser aislada para convertirse en una constante denunciada por distintos sectores de la población.
Ante la falta de respuesta oficial, el llamado sube de tono. El representante advirtió que, de no haber intervención del alcalde Hugo Chahín Kuri, se convocará a movilizaciones ciudadanas. La advertencia es clara: quienes respaldaron políticamente al actual gobierno hoy se dicen agraviados por las mismas autoridades que deberían protegerlos.
El conflicto, lejos de cerrarse, se profundiza. A las denuncias de operativos irregulares ahora se suma una exigencia frontal de rendición de cuentas y remoción de mandos, en un contexto donde la legitimidad de las corporaciones de seguridad comienza a erosionarse.
