Alejandro Ávila
Puente Nacional, Ver.- Padres y madres de familia del Telebachillerato de San José Chipila solicitaron la intervención urgente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para investigar al coordinador del plantel, Ángel Javier Macedo Alconedo.
El docente es señalado por presunto hostigamiento hacia alumnas, cobros irregulares para exentar materias, alteración de calificaciones en el sistema y por acudir presuntamente al centro escolar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. En el escrito entregado a la titular de la dependencia, Claudia Tello Espinosa, los inconformes también denunciaron omisiones por parte del supervisor escolar de la zona Xalapa D, Luis Ignacio Vázquez Ramos, al acusar que las declaraciones de las afectadas no fueron asentadas íntegramente durante las diligencias del pasado 21 de julio.
Las familias expusieron que este ambiente de intimidación y abuso de autoridad se ha prolongado por años, provocando que varias estudiantes guardaran silencio por temor a represalias académicas. Al respecto, una exalumna relató haber sido víctima de comentarios sobre su apariencia física y recordó un episodio en el que el coordinador la llevó a un área aislada para mostrarle fotografías íntimas que pretendía atribuirle; tras negarlo, comenzó a recibir un trato hostil y variaciones en sus notas. A este testimonio se suman los de otras jóvenes que refieren haber vivido situaciones similares dentro del plantel.
En el aspecto administrativo y financiero, las madres de familia detectaron que durante los últimos tres años el coordinador realizaba cobros arbitrarios por diversos conceptos, autorizaba salidas de alumnos a cambio de dinero y manejaba recursos sin transparentar los ingresos ante el patronato escolar. Asimismo, manifestaron que los estudiantes eran condicionados constantemente bajo la amenaza de ver dañadas sus calificaciones o de cancelar sus actividades de graduación si reportaban las anomalías, razón por la cual decidieron hacer públicas las denuncias para proteger a las futuras generaciones.
Ante esta situación, la comunidad escolar demandó a las autoridades educativas realizar una revisión administrativa imparcial a cargo de una instancia distinta a la supervisión local, auditar el manejo de los recursos y el historial de calificaciones, así como aplicar medidas de protección para las alumnas que han rendido su testimonio.
