Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- “Tu camioneta no pasa… a menos que aflojes cien pesitos pa’l chesco”. Esa fue la frase que escuchó un ciudadano el pasado sábado al intentar verificar su vehículo modelo 2020 en el verificentro ubicado en Prolongación de Norte 2 y Oriente 39, en Orizaba.
Según la denuncia, el automóvil cuenta con mantenimiento de agencia y no presenta fallas visibles ni emisión de humo, sin embargo, los trabajadores del centro (jóvenes de entre 20 y 30 años) se negaron a aprobarlo argumentando supuestas irregularidades que no fueron sustentadas de manera técnica ni electrónica.
“No me dieron razones claras, sólo insistían en que no pasaba. Me forzaron a pagar 100 pesos para recibir la calcomanía”, denunció el afectado.
La situación no sólo reveló una práctica de extorsión sistemática, sino una violación directa a lo establecido en el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Estado de Veracruz, el cual establece que los centros de verificación están obligados a emitir un dictamen electrónico sustentado en los resultados de las pruebas de emisiones contaminantes. Ningún cobro adicional está permitido fuera del tarifario oficial.
Además, el artículo 21 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe expresamente que servidores públicos (y en este caso también quienes brindan un servicio concesionado) reciban dádivas, beneficios o sobornos a cambio de realizar, retrasar o modificar el cumplimiento de su deber.
Ciudadanos de Orizaba, Mariano Escobedo, La Perla e Ixhuatlancillo y los alrededores están siendo advertidos de evitar acudir a este verificentro, debido a los constantes cobros indebidos. La denuncia pública busca que Profeco, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema) y autoridades estatales realicen inspecciones inmediatas, suspendan el lugar en caso de comprobarse irregularidades y sancionen a los responsables, sobre todo porque la gobernadora no permite que actúen fuera de la ley.
