CDMX.- Decenas de organizaciones sociales exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador la destitución del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y demandaron al Senado de la República llamarlo a cuentas ante el desaseo en la resolución del no ejercicio de la acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, señalado en Estados Unidos de estar coludido con el narcotráfico.
Agrupadas en #FiscalíaQueSirva, #SeguridadSinGuerra y Colectivo contra la Impunidemia, las organizaciones sociales consideraron que la actuación de la FGR en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional evidencia que en México “los militares son intocables” y que el fiscal “no está defendiendo su autonomía”, lo que viola la Constitución.
En un pronunciamiento cuestionaron que Gertz Manero estuviera ausente en las negociaciones para trasladar a territorio mexicano a Cienfuegos, y que no explicara cómo se llegó a la conclusión del no ejercicio de la acción penal.
Tras resaltar que fue el canciller Marcelo Ebrard quien negoció la liberación de Cienfuegos con Estados Unidos y quien habló del carpetazo –en una conferencia matutina–, destacaron que Gertz “ha puesto a la institución que encabeza al servicio de los intereses del gobierno”, incumpliendo con su mandato de defender la autonomía de la FGR como lo instruye el artículo 102 de la Constitución.
“Independientemente de la información que haya recibido por parte de las autoridades estadunidenses, el fiscal tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del general Cienfuegos, buscando incluso testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, que se hubieran cometido por el Ejército cuando el general era titular de la Defensa Nacional. Investigar este tipo de hechos es una obligación, de acuerdo con los estándares internacionales. A pesar de ello, no contamos con información de que se haya hecho”.
De acuerdo con el pronunciamiento, la actuación del fiscal en el caso Cienfuegos se suma a otras irregularidades de su gestión, como el incumplimiento de la Ley Orgánica de la FGR, el nombramiento de fiscales especiales “sin respetar lo dispuesto en la Constitución y en la ley, la falta de acciones concretas para la transición de Procuraduría General de la República a FGR, así como la “perpetuación de esquemas que históricamente han demostrado ser ineficaces y que, por tanto, han conservado los altos niveles de impunidad en el país”.
Por si fuera poco, recordaron que Gertz alienta una iniciativa para “abrogar la ley orgánica actual, proponiendo la aprobación de una nueva ley, lo que representa un retroceso para las víctimas, para las investigaciones efectivas, para la autonomía y para la consolidación de una institución que sea capaz de procurar justicia”.
Luego de señalar que Gertz Manero “no es un fiscal que vele por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país”, los firmantes apuntaron que el carpetazo al caso Cienfuegos “es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos”.
Lo anterior implica, además, “que se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas”, demostrando que “no se encuentra a la altura de los retos que demanda este país”, de ahí la pertinencia de instrumentar un Mecanismo Internacional contra la Impunidad “que garantice investigaciones imparciales y autónomas”.
Las organizaciones exigieron al presidente López Obrador remover a Gertz Manero como titular de la FGR, y al Senado que lo cite para que “rinda cuentas sobre su actuación en éste y otros casos, así como sobre su incumplimiento reiterado a la Ley Orgánica de la FGR”.
A los senadores también los llamaron a lanzar una convocatoria para elegir a un nuevo fiscal, en apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y a los estándares internacionales, tomando en cuenta que “un nombramiento a modo que siga perpetuando la impunidad, sería responsabilidad conjunta del presidente y del Senado”.
