De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- El relevo del juez penal Juan Luis Mendoza Rosas, tras la visita de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial a Orizaba, abrió nuevamente el debate sobre aplicar medidas más contundentes contra posibles actos de corrupción dentro del Poder Judicial, pues para litigantes y usuarios los cambios de adscripción resultan insuficientes cuando no van acompañados de investigaciones y sanciones.
La salida del juzgador, quien durante años acumuló señalamientos por nepotismo e irregularidades en el desempeño de sus funciones, es vista por diversos sectores como una respuesta tardía a reclamos que fueron expuestos de manera constante por abogados y ciudadanos inconformes con la impartición de justicia en la región.
Sin embargo, la principal exigencia es que las visitas de supervisión no se conviertan en ejercicios protocolarios. Abogados postulantes consideraron que las inspecciones deben realizarse sin previo aviso, revisando expedientes, procedimientos y el actuar de funcionarios para detectar posibles anomalías que difícilmente afloran cuando las revisiones son anunciadas con anticipación.
Los usuarios del sistema judicial también demandaron que los magistrados escuchen directamente a quienes enfrentan diariamente retrasos, resoluciones cuestionadas o trámites que consideran irregulares, ya que sostienen que la percepción ciudadana sobre la justicia se ha deteriorado precisamente por la falta de consecuencias para quienes incurren en malas prácticas.
Para litigantes y justiciables, la verdadera prueba de la nueva etapa del Tribunal de Disciplina Judicial no será el traslado de funcionarios entre distritos, sino la capacidad de investigar, sancionar y transparentar posibles actos de corrupción que durante años han sido denunciados, pues solamente así podrá recuperarse la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
