De la redacción
El Buen Tono
A tres semanas de la tragedia que sacudió a la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas LP explotó dejando 31 personas muertas y 13 hospitalizadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que la carpeta de investigación permanecerá reservada durante tres años.
La decisión incluye también las grabaciones del C5, el sistema de vigilancia que habitualmente registra cada movimiento en la ciudad, pero que ahora quedará fuera del escrutinio público. La justificación oficial señala la “protección de las víctimas”, sin embargo, familiares y organizaciones civiles han expresado su preocupación, argumentando que esto dificulta conocer las causas reales del siniestro ocurrido el 14 de septiembre en el Puente de la Concordia.
El silencio institucional contrasta con el estruendo de aquella mañana, cuando una falla en la pipa convirtió las calles en un escenario de destrucción. La reserva de tres años implica que testimonios, peritajes, reportes del C5 y conclusiones preliminares permanecerán fuera del acceso público.
Para las familias afectadas y los sobrevivientes, la medida representa un nuevo golpe: no solo perdieron a sus seres queridos, también pierden el derecho a saber con claridad qué fue lo que ocurrió. Especialistas en transparencia advierten que, aunque legal, la decisión resulta cuestionable desde un punto de vista ético y social, considerando la magnitud de la tragedia que devastó a más de 40 familias.
