Nayeli Ríos
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Tras la fachada de exclusividad y prestigio, el Club Campestre Cordobés enfrenta denuncias que lo exhiben como un espacio donde reina la explotación, la opacidad y el abuso de poder. Ex empleados y trabajadores en activo acusan directamente al Consejo Administrativo (integrado por la familia Becerra, Adrián Delgado y otros miembros de la autodenominada “sociedad” cordobesa) de operar un sistema que exprime a su personal y lo despoja de lo que legítimamente le pertenece.
Los testimonios son claros: instructores de tenis, entrenadores de gimnasio, maestros de natación, caddies, profesores de golf y pádel, así como instructores de yoga y baile, son obligados a entregar un “impuesto” del 10 % de lo que cobran por sesiones particulares con socios. El dinero es recaudado por personal administrativo, lo que evidencia un esquema que beneficia a unos cuantos a costa del trabajo ajeno.
Manipulación, acoso y eliminación de evidencias.
De acuerdo a testimonios de ex trabajadores, el Consejo Administrativo ha recurrido en varias ocasiones a prácticas irregulares para forzar la salida de empleados. Estas incluyen el uso de abogados externos que presionan al personal para firmar renuncias y aceptar liquidaciones bajo condiciones desfavorables, dejándolos sin posibilidad de defender sus derechos laborales.
A esto se suma la sustitución de comprobantes oficiales (con logotipos, folios y elaboración manual) por simples tickets en papel térmico que se borran con el tiempo. Esta medida estaría diseñada para eliminar cualquier rastro de ingresos y así evitar reclamos legales o demandas por despido injustificado.
El argumento utilizado para justificar el despojo es que los instructores “usan las instalaciones” para trabajar. Sin embargo, mientras los socios pagan altas mensualidades y tarifas por clases privadas, el club les arrebata parte del sustento que ganan con esfuerzo y dedicación.
Socios veteranos aseguran que ninguna administración anterior había degradado al personal con medidas tan agresivas. El actual Consejo Directivo, afirman, ha roto con los principios de respeto, legalidad y equidad, instaurando una cultura de abuso, intimidación y opacidad en el manejo de recursos humanos y financieros.
Socios activos, exigen que, el consejo rinda cuentas, se realicen auditorías internas y se detenga la política de hostigamiento y despojo contra los trabajadores. Dejar pasar estos abusos, afirman, sería normalizar un sistema de explotación disfrazado de reglamento interno.
Frente a este panorama, empleados y ex empleados se han organizado para documentar ingresos, guardar copias digitales de tickets y llevar un registro detallado de pagos.
Algunos ya buscan asesoría jurídica para interponer denuncias ante la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, convencidos de que sólo la presión colectiva podrá frenar un esquema que, aseguran, está institucionalizado y protegido desde las más altas esferas del club.
