

Agencias
México.- Fuentes de seguridad confirmaron que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya, y el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregaron a autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Ambos habrían aceptado declararse culpables como parte de acuerdos con la justicia estadounidense para obtener reducciones en sus condenas.
De acuerdo con los reportes, Díaz Vega fue localizado en Europa y posteriormente acordó su entrega inmediata a autoridades federales de EU, mientras que Mérida Sánchez se presentó en la garita de Otay Mesa, entre Tijuana y San Diego, para ser trasladado bajo custodia al distrito judicial de Brooklyn, Nueva York. Ambos están señalados en una investigación federal en Manhattan por presunta colaboración con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones señalan que, durante su gestión en el gobierno estatal, los exfuncionarios habrían participado en una red de protección y facilitación de operaciones del narcotráfico, incluyendo presuntos pagos mensuales superiores a 100 mil dólares a cambio de permitir el traslado de droga, evitar operativos y advertir sobre redadas en laboratorios clandestinos. También se les vincula con el uso de estructuras institucionales para encubrir actividades ilícitas y facilitar el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
En el caso de Mérida Sánchez, documentos judiciales señalan que habría alertado con anticipación sobre al menos 10 operativos contra laboratorios en 2023, lo que permitió el traslado de drogas, químicos y personal antes de los cateos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estos hechos forman parte de una investigación más amplia que involucra a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa.
El caso se desarrolla en medio de la presión del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra una red de presunta protección política y policial ligada al Cártel de Sinaloa, mientras continúan las investigaciones sobre otros actores políticos señalados en la misma causa.
