Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Más allá de retirar a los menores de las calles, el combate al trabajo y la explotación infantil requiere de campañas permanentes de concientización dirigidas tanto a las familias como a la sociedad, pues prácticas como dar dinero o comprar productos a niños que trabajan terminan incentivando que permanezcan en esa condición, advirtió la psicóloga Martha Avelaira. La especialista señaló que la prioridad debe ser garantizar que los menores permanezcan en las aulas y no en actividades comerciales o laborales, al recordar que la infancia es una etapa destinada al aprendizaje, el juego y el desarrollo integral.
“El niño no debe trabajar, el niño tiene que estudiar”, enfatizó, al explicar que, si bien es positivo que desde pequeños aprendan tareas básicas del hogar, estas deben ser acordes a su edad, sin convertirse en responsabilidades que sustituyan las obligaciones de los adultos.
Recordó que durante generaciones muchas niñas asumieron desde los seis o siete años el cuidado de sus hermanos menores, la preparación de alimentos y las labores domésticas, una carga derivada de prácticas machistas que relegaban esas responsabilidades exclusivamente a ellas. Indicó que actualmente la problemática persiste bajo otras formas, al observarse con frecuencia a menores acompañando a sus madres en la venta ambulante, en lugar de encontrarse en la escuela o realizando actividades propias de su edad.
Consideró indispensable que el Sistema DIF en los diferentes municipios de las Altas Montañas fortalezcan campañas de prevención del trabajo infantil y establezcan mecanismos de apoyo para madres solteras o familias en condiciones vulnerables, de manera que los niños puedan asistir a clases mientras sus madres trabajan.
Corresponde a los ayuntamientos supervisar por qué menores realizan actividades en la vía pública, identificar las condiciones familiares que los llevan a esa situación y canalizar los casos a instancias de asistencia social y educativa. La psicóloga insistió en que erradicar el trabajo infantil no depende solo de las autoridades, sino también de la participación ciudadana, evitando normalizar la práctica y privilegiando el derecho de niñas y niños a estudiar, jugar y crecer en un entorno seguro.
