DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Orizaba.- En su último año al frente del Ayuntamiento de Orizaba, el presidente municipal Juan Manuel Diez Francos cobrará un aguinaldo de 85 mil 710.8 pesos, que se suma a su salario mensual de 65 mil 033.01 pesos, alcanzando un total de 150 mil 743.81 pesos solo en este cierre de año. Mientras presume generosidad, el destino real de ese dinero es un misterio absoluto. Lo que antes se exhibía como filantropía hoy es un ejercicio de opacidad y manipulación política.
Durante su primer periodo (2007-2010) Diez Francos difundía públicamente a qué causas destinaba su salario; en su segunda gestión (2014-2017) lo hizo de manera intermitente, y ahora, en su tercera administración (2022-2025), ha borrado cualquier rastro de transparencia. El silencio absoluto sobre el uso de recursos públicos que deberían destinarse a la comunidad revela un ego desmedido y un desprecio por la rendición de cuentas. Todo indica que lo que dice donar es un discurso vacío mientras sus bolsillos y su círculo cercano se benefician.
La falta de transparencia de Diez Francos es una irregularidad ética, pues mantiene la narrativa de filantropía para justificar su permanencia política, mientras ignora las obligaciones mínimas de rendición de cuentas que demandaría cualquier administración seria. Su gestión demuestra que el “servicio público” se ha convertido en un instrumento para consolidar privilegios personales y proteger un legado de opacidad.
Además, su amante, Laura González Valerio, se aprovecha de recursos públicos como vehículos oficiales con gasolina y mantenimiento pagados por el Ayuntamiento, usa personal municipal y maneja información privilegiada sobre bienes inmuebles de la ciudad adquiridos por terceros para evadir responsabilidades. Su complicidad amplifica el impacto de la opacidad de Diez Francos, transformando la gestión en un mecanismo para beneficio propio y de su círculo íntimo.
Cifras y hechos que reflejan la opacidad de Diez Francos: el salario y aguinaldo que percibirá este año suman 150 mil 743.81 pesos, y el uso real de esos recursos sigue oculto mientras predica filantropía. La ciudad observa cómo el discurso de generosidad se desvanece frente a la realidad de una administración que maneja dinero público como si fuera propiedad privada, sin rendir cuentas a nadie.
